Horas antes de que en la Comisión Permanente, donde hoy está previsto votar un informe que plantea su desafuero del Congreso, el suspendido legislador de Gana Perú renunció a la Segunda Vicepresidencia probablemente como una forma de mantenerse en el Parlamento.

Fuentes del Ejecutivo afirmaron a Perú21 que Chehade envío a las 7 de la noche su carta de dimisión al presidente .

Pese a que no se hizo pública la misiva, trascendió que el suspendido congresista –a quien involucraron en un presunto tráfico de influencia– estaría buscando evitarle al Gobierno un descrédito con un posible desafuero.

Chehade se para influenciar sobre estos con el fin de que ejecutaran un desalojo de la actual administración de la azucarera en favor del Grupo Wong.

A las 9:00 p.m., los rumores de la dimisión fueron aumentando en las redacciones de los medios de comunicación. Incluso, los noticieros nocturnos dieron por hecho el caso.

El 6 de noviembre, Humala pidió a Chehade que diera y que "debería nacer de él".

En cuanto a la votación de este martes en la Comisión Permanente, la diferencia entre los votos a favor y en contra estaría bastante apretada y la decisión de Alianza Parlamentaria –con excepción de Víctor Andrés García Belaunde– de rechazar el informe acusatorio podría inclinar la balanza a favor del Chehade.

Por la mañana, el líder de Perú Posible, Alejandro Toledo, había dicho que la recomendación para destituir a Chehade e inhabilitarlo para la función pública por cinco años requiere una "gran meditación", por lo que dejó en libertad a su bancada para que tome la decisión que crea conveniente.

En la tarde, la vocera de Alianza Parlamentaria, Carmen Omonte, confirmó que Renán Espinoza y Fernando Andrade votarán en contra del informe de Marisol Pérez Tello (APGC).

Por su parte, manifestó que si el Gobierno quiere luchar contra la corrupción, debería permitir que se investigue a Chehade. "Si hay culpabilidad o no, eso lo decidirá la Fiscalía, pero no se puede negar al país la verdad, y para eso hay que investigar", enfatizó.

En tanto, el parlamentario Michael Urtecho (SN) señaló que hay indicios suficientes para la acusación constitucional, pero advirtió que varios legisladores han cambiado de posición.