Mucho antes de que el Estado peruano definiera el funcionamiento de las ollas comunes como una estrategia vital para combatir el hambre, un grupo de mujeres ya lo intuía.
Desde hace casi 50 años, en tiempos de crisis y cuando la escasez de alimentos amenaza con devorarlo todo, ellas se unen para formar organizaciones de ayuda mutua que les permita llevar un plato de comida a sus familias y comunidad. Las primeras noticias de las ollas comunes aparecieron en Lima hacia 1978. Ocho años más tarde, en medio de la lucha contra la violencia terrorista, ya había alrededor de 600 ollas comunes en Lima y más de cien en otras ciudades del interior del país. A inicios de los noventa, con la galopante inflación a cuestas, los números se duplicaron. Hasta diciembre de 2022, según datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), se han registrado 3,567 ollas comunes. De estas Lima Metropolitana concentra alrededor de 2,500 ollas. Juntas brindan alimentos a más de 250 mil personas.
La ayuda estatal
El largo camino que estas organizaciones han tenido que recorrer para ser reconocidas por el Gobierno peruano es casi tan antiguo como su historia. Inicialmente, las ollas solo recibían donaciones de alimentos de las parroquias y las ONG. El primer gran escollo fue la discriminación política a mediados de los años ochenta. Por entonces, de acuerdo a su filiación partidaria, solo algunas eran apoyadas por el gobierno de turno. En 1986, las lideresas formaron la Comisión Nacional de Ollas Comunes Autogestionadas (CNC) durante una conferencia organizada por la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS). Desde ese momento la lucha por conseguir lo necesario para subsistir no dio tregua.
Sin embargo, tuvieron que pasar varias décadas para que estas organizaciones cuenten con un marco legal que las ampare y puedan acceder a recursos. El primer paso se dio en 2020, durante lo más álgido de la pandemia, con la conformación de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana promovida por algunas ONG que trabajan para visibilizar la urgente necesidad de una respuesta estatal. Unos meses antes, la MML creó la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria. Por fin, en febrero de 2021, la Ley N.° 31126 —que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Creación, Organización y Funciones del Midis—, brindó facultades a las municipalidades para la atención de las ollas comunes. Las transferencias de recursos se reglamentaron en junio de 2022.
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