El movimiento Manuela Ramos se sumó al dolor y la indignación ciudadana por el secuestro, violación y asesinato de la pequeña Jimena, la niña de 11 años cuyo cadáver fue encontrado carbonizado en San Juan de Lurigancho. A través de un comunicado, el colectivo extendió su solidaridad a la familia Vellaneda por este lamentable hecho, pero además exigió a las autoridades la urgente implementación de medidas para proteger de la violencia a las mujeres y niños.
Manuela Ramos consideró que, pese a que se trata de un derecho de las mujeres y de las niñas, la aplicación de las medidas de prevención y sanción de los actos de violencia contra la mujer, en la casa y en la calle siguen siendo ineficaces. Una prueba de ello es que, a más de dos años de creación del sistema de justicia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres -a través de la Ley 30364-, no se han terminado de aplicar los cambios que esta norma prevé, principalmente por la falta de presupuesto.
Además, a tres meses del anuncio de la creación de una comisión de alto nivel para erradicar la violencia contra la mujer, presidida por la premier Mercedes Araoz, tampoco se han implementado medidas efectivas desde el Ejecutivo, y aunque hace tres meses se anunció la creación del Registro Nacional de Agresores, aún el Ministerio Público no lo pone en funcionamiento.
Pero eso no es todo. Manuela Ramos recordó que el sistema de denuncias por violación sexual también presenta falencias. Por ello, no se tramitaron las denuncias de Ruth y Susy, víctimas también de César Augusto Alva Mendoza, el agresor de Jimena. En un caso fue porque la familia no pudo contratar un abogado y en el otro porque el fiscal no le creyó a la víctima.
Ante ello, el movimiento feminista exigió mejorar la capacitación de los operadores de justicia para atender denuncias por violencia de género, pues de acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional aún no ha terminado de capacitar a la totalidad de su personal en este tema.
También, pidió aprobar la imprenoscriptibilidad de los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes y dotar a la Policía, al Ministerio Público y al Poder Judicial de un presupuesto adecuado para ampliar y mejorar la calidad de la atención a las mujeres víctimas de violencia.
Finalmente, Manuela Ramos consideró que la educación sexual integral es fundamental para la autoprotección de los menores de edad y para el reconocimiento de las situaciones de peligro, “de manera tal que niñas y niños puedan pedir auxilio desde el momento en que se den cuenta que están siendo observados o que se dirigen a ellos con miradas, frases o tocamientos que les hacen sentir incómodos e inseguros”.
En ese sentido, anotó que la pena de muerte no es disuasiva y no es una solución efectiva ante esta problemática, pues consideró que el machismo en nuestra sociedad seguirá generando más violadores.