Justicia admite demoras que provocaron demanda contra el Estado

El Poder Judicial (PJ) reconoció que hubo demoras en el proceso judicial por las supuestas ejecuciones extrajudiciales de tres emerretistas tras la operación de rescate de rehenes de la embajada en Japón en 1997, conocida como Chavín de Huántar, lo que permitió, según el Gobierno, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demande ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) al Estado peruano.

Los procesados por este tema en la justicia ordinaria son cuatro: el exjefe del SIN Vladimiro Montesinos, el exjefe del Comando Conjunto de las FFAA Nicolás de Bari Hermoza Ríos y los coroneles en retiro Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga.

A través de un comunicado oficial, el PJ rechazó que el retraso haya sido por una "supuesta negligencia". "(…) El primer quiebre al juicio oral ocurre por el ascenso del juez José Neyra Flores a la condición de Juez Supremo Provisional, y la no rectificación del juez Carlos Manrique Suárez por el Consejo Nacional de la Magistratura", señala el documento.

Según la nota judicial, el segundo quiebre ocurrió por el cambio del juez Emérito Ramírez y por un problema de salud de la jueza Sonia Téllez. Para evitar que las dilaciones continúen, la sala que ve el caso ahora está a dedicación exclusiva y efectúa varias audiencias a la semana, agrega el comunicado.

RECOMENDACIONES DE LA CIDHEl Poder Judicial aclaró que la CIDH dio cuatro recomendaciones al Estado peruano con relación al caso Chavín de Huántar y que la principal era llevar a juicio en el fuero civil a los responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Las otras tres sugerencias eran reparar las violaciones de derechos humanos declaradas en su informe, disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales frente a las acciones u omisiones de los presuntos responsables y, por último, aprobar las medidas necesarias para evitar que se repitan hechos de este tipo en el futuro.