La historia empieza el 2 de junio. Erika Oblitas Morales (36) y su pareja fueron intervenidos por agentes de la comisaría Juan Ingunza, del Callao, por violencia familiar. Pese a que las marcas en su cuerpo evidenciaban que había sido masacrada, ella permaneció ahí hasta la noche.
Luego fue llevada a pasar diversos peritajes en calidad de detenida. Esto porque para la policía era un caso de agresión mutua. Estaba en ello la madrugada del 3 de junio cuando se desmayó en la sede de Criminalística de la PNP, en el Centro de Lima. Entonces la llevaron al hospital Loayza. Llegó en estado de coma y siguió así por siete días. El pasado domingo murió.
Fue una fatal cadena de indiferencia de las autoridades.
Mientras eso ocurría, su agresor, Miguel Benites Arana (38), fue dejado en libertad por la Fiscalía del Callao. Este sujeto –que tiene 13 denuncias por diversos delitos, entre ellos hurto agravado y violencia física– huyó con su hijo de cuatro años. Al respecto, el mayor PNP Christian Toledo, jefe de esa comisaría, dijo que Erika Oblitas fue sometida al examen médico legal. Allí, según el oficial, le prescribieron de dos a seis días de descanso, lo que es considerado como lesiones leves.
Toledo sostuvo que este resultado fue validado por una fiscal especializada en familia que llegó a la dependencia policial y dispuso que ambos fueran sometidos a los exámenes ya citados.
Segundo Oblitas, padre de la joven, sostuvo que los propios policías que intervinieron a su hija fueron testigos de la forma en que esta había sido masacrada. “En lugar de llevarla al hospital, la detuvieron y luego ella sufre convulsiones. Si en lugar de detenerla la hubieran auxiliado, hoy estaría viva”, afirmó. También se mostró indignado por la liberación de Benites Arana luego de 48 horas de ocurrido el hecho. Ahora nadie conoce el paradero del feminicida.
CRITICAN “FALLAS”
Sobre este tema, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, criticó la actuación de la Policía. “Me parece sumamente preocupante el rol de la Policía... No podemos tener fallas que terminen en la muerte de una persona”, aseveró.
Afirmó que es necesario garantizar la vida y que los agentes a cargo de la intervención pudieron haber llevado a Erika Oblitas a un centro de salud desde un inicio.
El comandante general de la Policía, general José Lavalle, señaló que se actuó de acuerdo con los protocolos. De cualquier forma, Inspectoría de la PNP investiga a los agentes de la comisaría.