El Ejecutivo creó la comisión multisectorial de naturaleza temporal, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), encargada de hacer seguimiento a las acciones adoptadas o por implementar frente a los daños ambientales ocasionados por el derrame de petróleo de Repsol, ocurrido el pasado 15 de enero, en las costas del litoral marino, para garantizar una adecuada reparación e indemnización al Estado.
De acuerdo con la Resolución Suprema 220-2022-PCM, publicada hoy en el diario El Peruano, el citado grupo de trabajo multisectorial está conformado por:
La norma indica que los integrantes de la comisión multisectorial cuentan con un representante alterno y que ejercen sus funciones ad honórem.
Los titulares de las entidades señaladas tendrán que designar a su representante titular y alterno, mediante comunicación escrita dirigida a la secretaría técnica de la comisión multisectorial, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles.
La comisión multisectorial tiene un plazo de ocho días hábiles para su instalación.
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Para el cumplimiento de su objetivo frente a los daños ambientales ocasionados por el derrame de petróleo de Repsol, la Comisión Multisectorial podrá invitar a especialistas, representantes de entidades públicas, personas jurídicas privadas, instituciones académicas y de investigación, así como de organismos internacionales, en calidad de invitados.
Este grupo de trabajo, a través de su secretaría técnica, puede solicitar información a las entidades públicas y privadas, para el cumplimiento de sus funciones.
La resolución detalla que la secretaría técnica de la comisión multisectorial está a cargo del Ministerio del Ambiente (Minam), siendo la responsable de brindar apoyo técnico y administrativo, como llevar el registro de sus acuerdos y custodiar sus actas y toda documentación que se genere durante su vigencia.
La comisión multisectorial tiene una vigencia de cinco meses, contados a partir del día siguiente de su instalación.
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El derrame ocurrió el 15 de enero pasado, cuando el buque petrolero italiano Mare Doricum descargaba el hidrocarburo de la terminal 2 de la refinería La Pampilla, que opera Repsol en el municipio de Ventanilla, ubicado a unos 20 kilómetros al norte de Lima.
A raíz de esta fuga, que Naciones Unidas calificó como “el peor desastre ecológico en la historia del país”, el litoral peruano recibió el vertido de unos 10.396 barriles de crudo, según datos de Repsol, mientras que las autoridades peruanas aseguran que fueron 11.900 barriles.
Debido a la catástrofe ambiental, el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) presentó una demanda judicial contra la compañía por US$ 3.000 millones por los daños causados por el derrame y otros US$ 1.500 millones por el daño moral a los consumidores, usuarios y afectados, una cifra que tiene que ser definida por un juez.
Repsol informó que más de 1.000 familias afectadas por el derrame ocurrido en Ventanilla, firmaron acuerdos de compensación final con la empresa.
Se trata de personas de los cinco distritos impactados de: Ventanilla , Santa Rosa , Ancón , Aucallama y Chancay , pertenecientes a diversas actividades económicas .