La alcaldesa de Barranco, Jéssica Vargas, y cinco regidores de dicha comuna han sido denunciados penalmente por haber puesto en subasta pública 105.8 metros cuadrados del acantilado de la Costa Verde. Con esta venta se pretendería beneficiar a los residentes del exclusivo edificio Aquamarina.
La acusación por abuso de autoridad fue interpuesta ayer ante la 59 Fiscalía Provincial de Lima. De acuerdo con el artículo 376 del Código Penal, este delito es sancionado hasta con tres años de prisión.
SUSTENTO DE DENUNCIASegún el documento, al que tuvo acceso Perú21, las autoridades ediles no debieron subastar el terreno pues el corredor ribereño de la Costa Verde ha sido declarado intangible, tal como lo dispone la Ordenanza N° 1414 de la Municipalidad de Lima, de julio de 2010.
Al poner en venta los 105.8 metros cuadrados –que se encuentran a la altura de la Av. 28 de Julio y que, además, formaban parte de un parque– no se ha acatado lo dispuesto por la comuna capitalina. Como se sabe, esta decisión se tomó el pasado 26 de junio –en sesión de concejo– con el voto favorable de la burgomaestre Vargas y de cinco regidores.
Javier Alvarado, miembro de la Asociación Civil Salvemos Barranco, indicó que el sector en disputa integra la zona monumental del distrito y, por lo tanto, forma parte del patrimonio cultural de la nación.
Manifestó que, de prosperar esta acusación penal, la alcaldesa Jéssica Vargas y los regidores quedarían inhabilitados de sus funciones.
TENGA EN CUENTA
- Entre los acusados figuran los regidores Horario García Bustamante, Rafael Céliz y María Tolentino.
- También están José Ramírez Espinoza y Carolina McCallock.
