Padres podrán resolver el contrato con colegios privados y exigir devolución de dinero

Los colegios privados tienen la obligación de informar a los padres de familia sobre los servicios educativos que brindaban cuando las clases se realizaban de manera presencial y aquellos que han sido dejados de lado, en esta etapa no presencial.

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Con estos datos, ellos podrán tomar la decisión de que sus hijos continúen en dichas instituciones o resolver el contrato y pedir la devolución de los pagos –matrícula, pensiones u otros– de manera proporcional al tiempo en que los colegiales han permanecido en el centro educativo.

Así lo establece del Decreto Legislativo Nº 1476 publicado ayer en El Peruano. Lo norma detalla, además, que los planteles privados no pueden cobrar por los servicios que han dejado de brindar producto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, ni cualquier nuevo concepto que no esté vinculado con la prestación del servicio educativo en la modalidad no presencial.

“Los padres de familia, con el conocimiento de esta información, podrán decir ‘estoy de acuerdo, acepto esta nueva pensión’. Y los que no acepten, podrán tener la posibilidad de cambiar de institución educativa”, señaló ayer el presidente de la República, Martín Vizcarra, en su habitual mensaje a la Nación, que esta vez fue brindado desde el Centro de Operaciones de Emergencia Naciona (COEN), ubicado en el Ministerio de Defensa.

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Sobre este tema, el economista Hugo Ñopo dijo que la mencionada norma es una herramienta legal que servirá para la negociación tanto de padre de familia como de los colegios. Sostuvo que puede ser el instrumento ideal para buscar el equilibrio entre el proveedor del servicio educativo y los padres de familia.

“En este tipo de circunstancias, la transparencia, transparentar cifras, siempre ayuda”, manifestó a Perú21. Consideró que hubiera sido un error entrar en una política de control de precios.

Sin embargo, señaló que la situación actual –de cuarentena para frenar el COVID-19– es bastante dura y difícil para todos: para los padres y para los promotores de colegios, que ya habían hecho sus inversiones a inicios de año, tomando en cuenta que las clases iban a ser presenciales.

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Sobre este mismo tema, la exministra de Educación, Marilú Martens, se mostró a favor de que los centros educativos privados hagan un reajuste en sus tarifas, pero tomando como base la transparencia de la información de sus costos.

Indicó, además, que se debe tomar en consideración que mucho colegios tienen que pagar sus planillas y una serie de servicios. Algunos, incluso, tienen que pagar alquileres. Dijo que la norma es una medida extrema que responde a la falta de “comunicación o de cumplimiento de los colegios de presentar sus planes de recuperación a las UGEL”.

TENGA EN CUENTA

• La Sunedu dio a conocer que las universidades tienen la obligación de dar a conocer el uso de sus recursos y sustentar los pagos exigidos a los alumnos, de acuerdo con la Ley Universitaria.
• Indicó que el cumplimiento de este deber permitirá hallar soluciones a la problemática que afrontan los estudiantes y sus familias así como las universidades.

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