El Colectivo Marcha del Orgullo anunció que este viernes 31 de mayo realizará un plantón a las 5 de la tarde frente al Palacio de Justicia de Lima con el fin de rechazar los crímenes de odio que se siguen perpetrando en el país, en especial aquellos cometidos contra lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexo, personas no binarias y otras de la diversidad sexual y de género (LGBTI+).
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Así lo manifestó el vocero del colectivo, Jorge Apolaya, quien indicó que el Estado peruano debe cumplir con su responsabilidad de brindar protección a poblaciones vulnerabilizadas como la LGBTI+, así como de generar investigaciones e información que permitan dimensionar adecuadamente este fenómeno social basado en el perjuicio y odio hacia las personas que desacatan la norma heterosexual.
Hasta ahora, según el colectivo, el Gobierno actual no ha hecho ninguna declaración sobre las siete mujeres trans asesinadas en el verano del 2023 por negarse a pagar cupos de mafias dedicadas al proxenetismo. Tampoco crean políticas públicas que ayuden a frenar no solo homicidios, sino también otro tipo de agresiones como violaciones, golpizas e incluso extorsión y aislamiento al interior de los propios hogares, sostuvo el activista gay.
Agregó que la sociedad civil realiza esfuerzos por sistematizar información sobre crímenes contra personas LGBTI+ y que, entre los años 2021 y 2023, se registraron 35 asesinatos. Además, señaló que existe un subregistro debido a que el Estado continúa sin reconocer los crímenes de odio en el país.
“Ninguna persona debería morir por ser LGBTI en el Perú. Los homicidios, así como los intentos de asesinatos, torturas y otra clase de vejaciones contra nuestras poblaciones, deberían ser investigadas por el Estado”, aseveró.
También recordó que, en el caso Azul Rojas Marín contra el Perú, el Estado sigue sin cumplir lo sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó implementar un registro de hechos de violencia contra personas LGBTI y un protocolo de investigación y administración de justicia para estos actos repudiables. Igualmente, dispuso eliminar el indicador de erradicación de homosexuales y travestis de los planes de seguridad ciudadana de las regiones y distritos del Perú.
Azul Rojas Marín fue detenida, en el año 2008, por efectivos policiales, que la torturaron y violaron en la comisaría de Casa Grande (Ascope, La Libertad) por ser una persona de la comunidad LGBTI+. A pesar de que han pasado 16 años, los responsables tampoco han sido sancionados hasta ahora.
Apolaya detalló que existen hasta tres proyectos de ley contra crímenes de odio. Uno de los últimos fue presentado en febrero del año pasado por la congresista Susel Paredes, cuya finalidad es condenar con más severidad los crímenes motivados por la homolesbotransfobia. La iniciativa legislativa no ha sido debatida aún en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento ni en el pleno.
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