Tras reunirse con la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, representantes de 186 empresas, agrupadas en 52 consorcios de transporte urbano, rechazaron el paro convocado para el 2 de julio, medida de fuerza impulsada contra la ordenanza 1599, que busca regular el servicio urbano de pasajeros.
A través de un comunicado, los empresarios manifestaron su rechazo a la medida de fuerza "convocada por algunas personas que no representan a los transportistas y pretenden boicotear el trabajo honesto y consensuado que se viene realizando" para mejorar el transporte en Lima.
El paro, al que se han sumado los propietarios de los vehículos, entre los que se cuentan los sindicatos de colectiveros, choferes, cobradores y taxistas, están en contra de las disposiciones municipales que contemplan la imposición de fotopapeletas, las multas a los cobradores que llamen a gritos a los pasajeros y la fiscalización de las horas de manejo.
Por su parte, Villarán manifestó que no se puede parar el desarrollo de Lima, y que el nuevo sistema de transporte es "en una de las reformas más audaces e importantes que se ha abierto en América Latina".