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Congreso: Proponen que universidades privadas con licencia denegada sean declaradas de necesidad pública
El congresista Rubén Ramos Zpana (Nueva Constitución) presentó un proyecto de ley que plantea que las universidades privadas que no consigan licenciamiento por parte de Sunedu sean declaradas de necesidad pública. De esta manera, el Estado deberá su continuidad y garantizar que otorguen un buen servicio.
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El congresista Rubén Ramos Zapana (Nueva Constitución) presentó un proyecto de ley que plantea que las universidades privadas que no consigan licenciamiento por parte de Sunedu sean declaradas de necesidad pública. De esta manera, el Estado deberá asumir su continuidad y garantizar que otorguen un buen servicio.
El proyecto de ley 6890-CR señala que debe modificarse la Ley Universitaria, a fin de que no se genere un perjuicio a los estudiantes de las universidades que no consigan licencia. Actualmente, la norma señala lo siguiente:
Para iniciar sus actividades, la promotora debe contar con la autorización de la SUNEDU, de conformidad con las normas y atribuciones que se señalan en la presente Ley. Adicionalmente, se deben sujetar a las siguientes reglas:
115.1 La persona jurídica promotora de la institución universitaria se constituye con la finalidad exclusiva de promover solo una institución universitaria.
115.2 Las actividades de extensión y proyección social se sujetan a lo establecido por sus autoridades académicas, quienes deben tener en cuenta las necesidades más urgentes de la población de su región.
Sin embargo, la propuesta establece agregar un párrafo más a este artículo en el que se disponga que “Las universidades que no cumplan o no aprueben los procedimientos de calidad educativa que exige la presente ley son declarados de necesidad pública para los efectos del artículo 70 de la Constitución Política del Perú”.
El artículo 70 de la carta magna señala que, en casos de necesidad pública, el Estado puede privar de una propiedad a un dueño, siempre que se sigan una serie de condiciones. Según el proyecto de ley, el Estado debe retirar el título que autorizaba al dueño de la universidad privada a dar el servicio educativo.
“El Estado debe asumir su continuidad mejorando los índices de calidad y reparando el valor a quien invirtió (el alumno) en la institución”, se lee en el texto.
En la exposición de motivos, el legislador Ramos explica que 165.679 alumnos se han visto afectados por el cierre de universidades privadas que no consiguieron licenciamiento y que ninguno de los esfuerzos del Gobierno ha sido suficiente para poder reubicarlos en otro centro de estudios.
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