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Colegio de Arquitectos: Municipalidades no cumplen con fiscalizar la construcción de edificios

Arturo Yep Abanto, decano del Colegio de Arquitectos del Perú, señaló que el 70% de las edificaciones del país no han seguido el procedimiento regular ni cumplen la norma técnica, por lo que no se sabe qué tan vulnerables podrían ser ante un terremoto.

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La norma técnica que regula las edificaciones en el país tiene más de 130 capítulos con más de 60 artículos cada uno en los que se determinan todas las especificaciones que se deben tener en cuenta para que un edificio sea considerado seguro. Sin embargo, la mayoría de construcciones se levanta sin respetar esas normas y las municipalidades no cumplen con fiscalizar en qué condiciones se está edificando en el país.
Así lo señaló Arturo Yep Abanto, decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, quien sostuvo que solo el 30% de las edificaciones del país ha seguido el procedimiento regular y se ha levantado teniendo la guía de un experto o el aval de una comisión técnica.
Por eso vemos en los últimos días que en los reportes televisivos se da cuenta de edificios que parecen superar las leyes de la física, pues tienen varios pisos, pero apenas superan el metro de ancho, o hay pisos superiores que se sostienen en delgadas columnas. Por supuesto, estas construcciones no cuentan con señalización ni salidas de emergencia y muchas ni siquiera tienen licencia de construcción.
Yep Abanto dijo a este diario que en el Perú hay un 70% de edificaciones irregulares cuyos expedientes y planos no fueron evaluados por los expertos o se hicieron al margen de la autorización municipal. “Esas construcciones son un peligro, pues no se sabe qué rigor técnico se usó y por lo tanto podrían ser vulnerables a un terremoto como el ocurrido en México”, anotó.
Mucha irregularidad
Precisamente el arquitecto señaló que un estudio hecho tras el terremoto de México, para saber qué rigor técnico se aplicó en las edificaciones de ese país, reveló que la mayoría de edificios se había alzado sin cumplir las normas técnicas y con expedientes que no correspondían a lo que físicamente se había construido.
“Había demasiadas irregularidades en el proceso de construcción y personalmente, dada la similitud de los procesos administrativos en México y en el Perú, sospecho que en nuestro país es muy probable que ocurra lo mismo. Por eso, es importante que se fiscalice en qué condiciones se encuentran las construcciones y si cuentan con inspección técnica”, dijo.
De acuerdo a la ley, las municipalidades tienen la responsabilidad de fiscalizar que el 100% de los edificios que tienen una autorización de construcción cuenten con una inspección técnica. “Sin embargo, en ese campo también hay informalidad y muchos construyen por su cuenta y van a la municipalidad de frente a pedir la conformidad de obra o declaración de fábrica, ahorrándose la supervisión técnica”, afirmó Yep a Perú21.
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El experto refirió que la autoridad local también incumple con hacer la supervisión y opta por dar la licencia para recaudar el dinero. “La única forma de saber en qué estado se encuentra cada edificio es revisando su expediente, yo estoy seguro que si lo hacemos nos daremos con muchas sorpresas", manifestó.
El peligro de la autoconstrucción
Pero si eso ocurre en el campo formal, en el informal, es decir el vinculado a la autoconstrucción, la situación está peor. Ahí no se cumple con las normas mínimas, como la cantidad de fierros que se debe usar en cada columna o techo, el nivel de compactación del concreto, la estabilidad de la edificación, la calidad del suelo u otros requisitos mínimos.
Yep subrayó que es importante la presencia de un profesional para dar asistencia técnica y garantizar la seguridad de un edificio, y dijo que, en el caso de las personas que tienen pocos recursos, las municipalidades deberían implementar un servicio de orientación sobre las normas técnicas de construcción.
Asimismo, el arquitecto afirmó que las autoridades deberían impulsar, de forma masiva, inspecciones a las viviendas que se ubican en zonas de riesgo para que puedan acceder a un reforzamiento estructural mínimo, a fin de que no colapsen ante un movimiento sísmico. 
“Creo que desde el Ministerio de Vivienda debería asignarse recursos a cada municipalidad sin excepción para que se ejecute un programa de reforzamiento en todo el país, pero con la fiscalización adecuada, que permita que se cumpla el objetivo y con la obligación de que la obra cuente con la supervisión de un profesional", acotó.
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