Cuestionan decreto que permite remover a directivos de la ATU

Gobierno aprobó norma que permite retirar del cargo a María Jara, actual presidenta de la entidad. Especialistas aseguran que decreto aprobado deja un mal precedente y afecta institucionalidad.
MÁS CAOS. Gobierno aumenta la incertidumbre sobre el control del transporte. (FOTO: GEC)

Las horas parecen estar contadas para , presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Ayer, en sesión del Consejo de Ministros, el Gobierno aprobó un decreto supremo presentado por el (MTC) que modifica el reglamento de organización de la ATU, incorporando una causal más para que los miembros de su Consejo Directivo —entre ellos su presidente— puedan ser retirados de sus puestos. Según especialistas consultados por este diario, este cambio no se ajusta al marco administrativo legal estipulado en la Ley del Servicio Civil (Servir).

Hasta la fecha, la norma únicamente contemplaba que los motivos de vacancia o remoción de los miembros del Consejo eran el fallecimiento, la incapacidad permanente, la renuncia aceptada y el impedimento legal sobreviviente a la designación.

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Sin embargo, al artículo 12 del Reglamento de la ATU se añade ahora la causal de ‘pérdida de la confianza de la autoridad proponente’. Al respecto, Paola Lazarte, titular del sector, explicó que para prestar un servicio masivo de calidad y formal, es necesario aprobar “acciones que les permitan evaluar a los funcionarios que dirigen la ATU”.

TRANSGREDE LA NORMA

Desde el inicio, hace 5 años, la ATU es un organismo con autonomía por mandato de su ley de creación, motivo por el que el decreto aprobado iría en contra de esta norma (Ley 30900). Según mencionó a Perú21 Karla Gaviño, profesora de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, “una norma infralegal, como lo es un decreto supremo que modifica el Reglamento de la ATU para incluir como causal de remoción del Consejo Directivo la pérdida de la confianza, desvirtúa la Ley de la ATU y la institución misma. Esto no es un tema menor, pues se procede de forma poco adecuada para resguardar la institucionalidad pública, justamente aquello que la gestión actual cuestionaba a su predecesora”.

La especialista añadió que estas modificaciones afectan la institucionalidad y deben pensarse teniendo en cuenta los efectos que producen. “Abren la oportunidad para que cualquier gobernante y por cualquier motivo considere que hay “pérdida de confianza” para cambiar a los miembros del Consejo Directivo”, aseguró.

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