En una esquina, en alguna plaza o en un bus de transporte público. No importa el lugar, el acoso sexual, un delito de violencia contra la mujer –que ahora tiene una pena de entre cuatro y ocho años de prisión–, parece ir en aumento en nuestro país en sus diversas modalidades.
Una de las últimas víctimas de este delito fue la abogada Violeta Beas (30), quien puso al descubierto a su acosador –el contador Richard Crisanto Castillo (34)– dentro del servicio del Metropolitano.
La valiente mujer le reclamó porque lo vio filmándola y el depravado no tuvo más remedio que entregar su teléfono celular a la Policía. La sorpresa fue que este sujeto tenía imágenes de al menos ocho mujeres que llevaban puesto faldas o vestidos.
La intervención fue en la estación Javier Prado. Agentes de la comisaría de San Isidro constataron que el sujeto había acondicionado su celular en su lonchera para grabar a sus víctimas.
Crisanto Castillo fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos de actos contra el pudor y acoso callejero. Ahora será la Fiscalía la que decida qué pasará con este contador que habría filmado a muchas más mujeres.
DESADAPTADO SOCIAL
Respecto al perfil de este tipo de personas, David Villarreal, decano del Colegio de Psicólogos del Perú, señaló que “tienen una patología, son desadaptados sociales”.
“Tienen baja autoestima, poca empatía y les cuesta ponerse en el lugar del otro. Buscan una forma casi patológica de acercarse a una mujer, son inseguros y les cuesta controlar sus impulsos”, indicó Villarreal.
Asimismo, refirió que estos sujetos premeditan su accionar. “Aprovechan la aglomeración de pasajeros en los buses para buscar un roce con el sexo opuesto, esto les genera placer”, dijo.
“Las agraviadas deben encararlo sin el menor temor”, puntualizó el psicólogo, quien recomendó que los servicios de transporte público deben contar con promotores que den mensajes de respeto hacia las mujeres.
El penalista Roberto Miranda señaló que en este caso se configuraría el delito de actos contra el pudor, cuya pena es de entre dos y cuatro años de prisión.