A la cruda realidad penitenciaria se suman controvertidas decisiones del Gobierno. (USI)
A la cruda realidad penitenciaria se suman controvertidas decisiones del Gobierno. (USI)

Redacción PERÚ21

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El presidente del Congreso, , y el ministro de Justicia, , fueron quienes se opusieron a la construcción del penal privado Huaral II, arguyendo "causas políticas". Esto pese a que el consorcio español La Merced había ganado la licitación e invertido ya S/. 12 millones. Ahora la compañía reclama esa suma al Estado peruano más S/. 60 millones como indemnización, que planteará dicho grupo con una demanda.

Así lo reveló a Perú21 Raúl Barrios, representante de esa firma ibérica, quien expresó su sorpresa por la decisión de la gestión de de dar marcha atrás ante el ingreso de capitales foráneos para invertir en el sector penitenciario, cuya problemática es conocida por todos.

El abogado del consorcio La Merced refirió que en noviembre del año pasado el entonces ministro de Justicia, , les dijo que el contrato no se cristalizaría debido a que el legislador Abugattás "había hecho observaciones al contrato y a la licitación, la cual iba a traer problemas políticos futuros y que mejor era no firmar, y que nos llamarían para buscar un acuerdo amistoso".

"Porque al señor ministro Jiménez o al señor Abugattás se les ocurre decir que ya no va este proyecto, porque no va con la política de este gobierno, los peruanos vamos a tener que asumir los S/. 12 millones que ha invertido esta gente más la indemnización que, sumado a lo otro, llegan a los 70 millones", cuestionó Barrios.

LUCRO CESANTEAsimismo, precisó que, con la buena pro ganada, "el consorcio La Merced es concesionario y, por lo tanto, le corresponde que le paguen el lucro cesante de los 25 años de contrato que no va a ejecutarse".

Barrios expresó también su sorpresa porque sostuvo que fue el mismo ministro Jiménez quien les "sugirió" iniciar un procedimiento legal, el cual consiste en denunciar el tratado que tiene el Perú con España.

TENGA EN CUENTA

- La Merced ganó la buena pro en marzo de 2011 para construir el nuevo penal.

- Este grupo ya denunció el Tratado de Protección de Inversiones Perú-España.

- El caso se ve ahora en una comisión especial del MEF para controversias de inversión.