Entre el viernes y el sábado, todos los generales de la Policía se reunieron en la región Ica con el ministro del Interior para hablar, entre otras cosas, del nuevo proyecto del gobierno: el cambio de nombre de la cartera al de Ministerio de Seguridad Pública.
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Juan José Santiváñez —fiel a su estilo y con un verbo florido— explicó “los beneficios” de cambiar el portanombre de su despacho, en la Plaza 30 de Agosto en San Isidro, al de Ministro de Seguridad Pública. Sin embargo, después de la reunión, la mayoría de generales PNP salió con más dudas que certezas y las mismas se las hicieron saber a Perú21.
Uno de los peligros encubiertos del nuevo ministerio gira alrededor de aglutinar poder en la figura del ministro en desmedro del comando policial. Es decir, hoy por hoy, la obligación de todos los jefes policiales es informar a la comandancia general de los operativos realizados en contra de organizaciones criminales; sin embargo, ahora la obligatoriedad de informar no acabará en el rango del director general de la PNP, sino que llegará hasta el titular de Seguridad Pública.
En el nuevo proyecto, enviado ya esta semana al Congreso de la República, también se hace una precisión en lo que serán las nuevas funciones. Hasta ahora, el Mininter solo producía Inteligencia de caracter político para el ministro del Interior y esta se compartía con otras oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional. Sin embargo, ahora se producirá Inteligencia contra las nuevas amenazas de carácter ‘nacional’, función que hoy es cubierta por la PNP. Esto, refieren algunos oficiales presentes durante el cónclave de Santiváñez, obliga la creación de nuevos ‘cuerpos de seguridad’ que tendrán un lineamiento político y como jefe máximo al ministro de Seguridad Pública.
COMANDO SIN AUTONOMÍA
Para que este plan del gobierno se haga efectivo en su totalidad, el primer paso es cortar cabezas incómodas cuanto antes. “No solamente pretendemos fortalecer la disciplina dentro de la Policía Nacional, sino también apartar los criterios ajenos a la institución”, dijo durante la semana Juan José Santiváñez. El viernes, durante el cónclave de generales, dio más detalles de este supuesto fortalecimiento y advirtió que se “ha iniciado la revisión (extraordinaria) de los legajos de los alféreces hasta generales para determinar la idoneidad de los que deben seguir formando parte de la institución policial”.
La Policía Nacional tiene tres eventos importantes a fin de año, según la ley 1267 de la PNP: las bajas, los ascensos y los cambios de colocación. Los pases al retiro extraordinarios no están regulados bajo la ley policial. “La extraordinaria es un abuso, le tirarán el dedo a oficiales, yo quiero que le den de baja a este, a este”, dijo a este diario un oficial de muy alto rango. Y no le falta razón, pues el viernes en Ica el ministro Santiváñez dejó claro cuál será el criterio que tiene que primar en esta poda extraordinaria.
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“El comando policial, quienes son los responsables de la evaluación, tendrá en cuenta todos los criterios previstos en la ley para tomar la más justa decisión en este proceso(…), pero que quede claro que uno de los criterios es el cumplimiento de las disposiciones que mi gestión ha dispuesto y que tienen que cumplirse a cabalidad”, ordenó en Ica el ministro.
Queda claro que el aún ministro del Interior se entromete en la autonomía de la Policía, pues a un proceso extraordinario le agrega el ingrediente del criterio subjetivo de su gestión. ¿Será acaso que el actual alto mando de la PNP, integrado por los tenientes generales Víctor Zanabria, Oscar Arriola y Jhonny Veliz, dejará que Juan José Santiváñez concrete su pretensión de borrar a decenas de oficiales de un solo porrazo y personalizar a la Policía según su antojo?
Lo que no les ha dicho Santiváñez a los generales en el cónclave es que esta idea de fortalecimiento de la PNP tiene su génesis en un proyecto presentado en enero de 2021 por el padre del ministro. En un análisis al proyecto del Instituto Iberoamericano de Seguridad Ciudadana —ONG de Juan José Santiváñez Marín, coronel en retiro de la PNP—, se exhiben las mismas preocupaciones que ahora Juan José Jr. verborrea desde el despacho al que llegó después de ganarse la confianza de la presidenta Dina Boluarte, a la que en los últimos meses la autonomía policial le ha traído más de un problema judicial.
RICARDO VALDÉS: “El proyecto de ley es realmente patético”
Me parece que lo que quiere poner en práctica la presidenta y el ministro del Interior es una suerte de efecto publicitario. Es un mamarracho lo que ha planteado el ministro de Interior a través de la presidenta. No sirve para nada. Con este proyecto no se va a conseguir ningún cambio en los niveles de inseguridad del país. No aporta nada. Solamente será un gasto, nada más.
El proyecto de ley es realmente patético. No es una medida urgente ni necesaria. Creo que la presidenta debe sentirse engañada por lo que ha recibido por parte del ministro del Interior. No sé lo que pretende el ministro. Me parece que le ha vendido humo a la presidenta y la presidenta lo ha absorbido. Esto es un bluf, es una pompa de jabón, no sirve para nada.
En lo que se refiere a la sustentación del proyecto, solamente toma como ejemplos a Costa Rica y a Panamá. En todo el mundo, en Europa y en América Latina, los ministerios que ven los temas de seguridad son los ministerios del Interior.
Interior no es Policía. Interior es más que la Policía. Interior es también migraciones, autoridades políticas, uso de armas y explosivos de uso civil, bomberos. Por esa razón, esa denominación se cambió hace muchos años. Cuando era el Ministerio de Gobierno y Policía se cambió al Ministerio del Interior.
Lo único que va a ocurrir es mayor confusión y un gasto innecesario en logos, papelería, banderas. Cosas que cuestan mucho dinero que tiene que ver con el marketing.
CLUBER ALIAGA: “Está demostrando absoluta ignorancia en seguridad pública”
El concepto de seguridad pública es un concepto antiguo que se consolidó en la monarquía. El concepto de seguridad pública centraliza el poder en el gobernante. Los presidentes que siguen centralizando el poder, sobre todo el poder de la fuerza del orden y de las fuerzas militares, a veces han utilizado esta doctrina de seguridad pública para instaurar dictaduras.
Plantear que volvamos a la teoría de seguridad pública es un retroceso. El que está en el ministerio no sabe lo que es seguridad porque está planteando una doctrina desfasada. Él es abogado, es civil. Este señor está demostrando absoluta ignorancia en lo que es seguridad pública, y los
asesores también.
El nombre del Ministerio del Interior es más adecuado porque la Policía Nacional no solamente brinda seguridad pública, sino también brinda seguridad al aparato burocrático y a las fronteras. Aparte de eso, resguarda el orden interno, que está relacionado con el normal funcionamiento del Estado.
Quien crea la Policía no es la ley del Ministerio de Interior; es la Constitución. Y la Constitución les entrega las funciones a las Fuerzas Armadas y a la Policía, de tal manera que la función de seguridad pública y orden interno no es exclusiva del ministerio. Es exclusiva de la Policía. El encargo del orden interno no lo tiene el Ministerio del Interior, que es un organismo administrativo; lo tiene la Policía Nacional.
CARLOS MORÁN: “El ministro tiene la obligación de explicar qué pretende hacer”
Más allá del cambio de nominación del Ministerio Interior, tenemos que ver cuál es el objetivo. Hay que explicarle a la ciudadanía qué se pretende hacer porque hay dos viceministerios dentro del Mininter. El Viceministerio de Orden Interno y el de Seguridad Pública. Yo entiendo que también habría que cambiar el nombre a ese último viceministerio.
No conozco qué es lo que se pretende con esto. Si van a modificar toda la estructura orgánica del Ministerio del Interior o va a haber otros cambios. Yo creo que los asesores deben explicar qué se hará, pero, en realidad, si es un cambio de nombre, no quisiera que sea solo una especie de cosmético.
El Ministerio del Interior tiene que ejecutar políticas, gestionar los recursos necesarios para la Policía Nacional, para que pueda atender todas sus carencias logísticas de infraestructura.
Lo que nosotros necesitamos es una continuidad de una política de seguridad. A la ciudadanía no le interesa el nombre con el que trabajen. Lo importante es un servicio de calidad y que bajen los índices de inseguridad.
