La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, no solo se encargó de arremeter contra quienes consideraba sus enemigos, usando al Congreso y a la Autoridad Nacional de Control (ANC), sino que también favoreció a gente de su círculo cercano. Una de ellas fue su hermana investigada, la jueza Enma Benavides.
Según la indagación del fiscal Freddy Niño, desde que Benavides se convirtió en cabeza del Ministerio Público, en julio de 2022, buscó poner fin al caso de su familiar.
A la jueza Benavides Vargas se le imputa haber recibido entre US$100,000 y US$150,000 en coimas a cambio de liberar a narcotraficantes, entre los años 2014 y 2016.
Por esa razón, retiró a la fiscal Bersabeth Revilla y puso en su lugar a Uriel Terán para que se hiciera cargo del proceso.
Para la remoción, contó el colaborador eficaz Jaime Villanueva, la hoy suspendida fiscal suprema acogió una propuesta de su asesor Miguel Girao que apuntaba a crear un informe de baja productividad que sustentara la salida de Revilla.
Así, Girao y el gerente de Control de la Productividad Fiscal, Abel Cartolín, concertaron para generar ese reporte, de acuerdo a lo declarado por Villanueva.
Otra vez Hauyón y Garrido Lecca
El 3 de agosto de 2022 fue designado Terán, quien —según la hipótesis fiscal— ya sabía que su objetivo era archivar la carpeta de la magistrada.
Un mes después, en setiembre, la fiscal pidió a Girao que realice un resumen ejecutivo del caso para mostrarle al exministro aprista Hernán Garrido Lecca y el abogado José Luis Hauyón en una reunión en la oficina de este último.
Tal y como sucedió con la suspensión del fiscal Rafael Vela, Garrido Lecca y Hauyón volvieron a influir en las decisiones de Patricia Benavides. Según el fiscal Niño, en esa cita decidieron contratar a Eduardo Roy Gates como abogado de la jueza.
En febrero último, como reveló Perú21, el fiscal Terán pidió al juez supremo Juan Carlos Checkley el archivamiento de la investigación bajo el argumento de que no existían pruebas del cobro de coimas.
Según Villanueva, Terán inició un caso contra Checkley por aparentes actos ilícitos que habría cometido cuando trabajaba en Piura.
Con ese condicionante, Garrido Lecca y Hauyón “lograron coordinar” con el juez para que fijara la diligencia “cuando ocurriera una noticia de connotación nacional”, y la diligencia pasara desapercibida.
Por esa época se registraban multitudinarias marchas contra el gobierno de Dina Boluarte. A cambio, según la indagación Terán archivaría el proceso penal contra Checkley.
Patricia Benavides también pensó en que la Procuraduría apelaría el eventual archivamiento y, de suceder, el caso lo vería la Sala Suprema presidida por César San Martín.
Para ablandar al juez, según el relato fiscal, Benavides contactó a un fiscal del caso Cuellos Blancos para que realizara un interrogatorio al investigado exjuez Daniel Peirano y que amplíe su manifestación sobre la llamada que recibió de San Martín, quien estaba interesado en un juicio.
No obstante, Checkley convocó a audiencia para el 11 de diciembre último, ya cuando Benavides fue suspendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Uriel Terán, además, no acudió y en su lugar fue su adjunto Alcides Chinchay, quien se desmarcó del pedido archivamiento.
Tenga en cuenta
-Contactado por Perú21, el fiscal Terán dijo que " nunca permitiré en mi labor fiscal, sea quien sea, intervenga en mis casos”.
-Al cierre de esta edición no contestaron a las preguntas el abogado Roy Gates ni el juez Checkley.
Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.
VIDEO RECOMENDADO
:quality(75)/cdn.jwplayer.com/v2/media/PwyVSk73/poster.jpg)
