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La Fiscalía une los casos Puente Tarata y PetroPerú seguidos contra Pedro Castillo
La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió acumular dos carpetas en donde se venía investigando al presidente Pedro Castillo por presunta organización criminal, entre otros delitos. Así, el caso conocido como Puente Tarata se une ahora al expediente del caso Petroperú. Ambas pesquisas fiscales –que ubican al jefe de Estado como cabecilla de una red criminal y que salpican a otros exaltos funcionarios como Juan Silva y Hugo Chávez– irán ahora por una sola vía.
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Fecha Actualización
La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió acumular dos carpetas en donde se venía investigando al presidente Pedro Castillo por presunta organización criminal, entre otros delitos. Así, el caso conocido como Puente Tarata se une ahora al expediente del caso Petroperú. Ambas pesquisas fiscales –que ubican al jefe de Estado como cabecilla de una red criminal y que salpican a otros exaltos funcionarios como Juan Silva y Hugo Chávez– irán ahora por una sola vía.
“A fin de evitar disposiciones contradictorias, resulta necesario y pertinente, por unidad de investigación y unidad de criterio, acumular (las carpetas fiscales)”, se lee en la disposición del 19 de setiembre, a la que accedió Perú21.
Especialistas consultados por este diario observan esta decisión de la Fiscal de la Nación como saludable, pues ayudará a fortalecer la hipótesis del Ministerio Público, sobre todo en el delito de organización criminal.
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LAS IMPUTACIONES
En el primer caso, Pedro Castillo era investigado como autor del delito de organización criminal y tráfico de influencias agravado, al haber colocado al prófugo Juan Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para, según la tesis, “copar ilegalmente” el sector.
Ello a fin de “controlar y direccionar las contrataciones”, como el caso del proyecto Puente Tarata ubicado en la región San Martín, a favor de empresarios y colaboradores de la campaña presidencial.
Castillo, Silva y el resto de la organización –como el sobrinísimo Fray Vásquez, también no habido– se habrían repartido, según la Fiscalía, el 0.5% del valor adjudicado por obra, cifra que en el caso del Puente Tarata ascendió a S/1'162,935.
En el segundo caso, el jefe del Estado también era investigado por organización criminal y tráfico de influencias, pero adicionalmente por colusión agravada. Aquí, se atribuye a Castillo el haber buscado direccionar las adjudicaciones en Petroperú, colocando para ese fin al exgerente general Hugo Chávez.
“A través de él (Chávez) habría logrado copar la entidad con personal afín a los intereses de la citada organización”, se remarca en la disposición.
El segundo paso –se agrega– habría sido controlar el proceso de adquisición de biodiésel a favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A., representada por el empresario Samir Abudayeh, y en donde se advirtieron una serie de irregularidades.
Para la Fiscalía, aunque en distintos entes, en ambos casos “el modus operandi” de la red fue el mismo y “existe conexión fáctica” ya que “se trataría del accionar de una misma organización criminal en diversos estamentos del Estado”.
“Se habría pretendido copar los referidos estamentos con funcionarios afines a sus intereses y de su entera confianza, para a través de ellos controlar y direccionar distintas licitaciones públicas a favor de los empresarios que servían a la referida organización”, se lee en la disposición.
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REFUERZA EL CASO
Para el abogado penalista Andy Carrión, la decisión de la Fiscal de la Nación “fortalece el caso” debido a que ya no es una sola investigación con hechos aislados sino indagaciones sobre una red criminal que comete delitos de manera reiterada y a través de distintos funcionarios del Estado.
“Se apresuró desde mi punto de vista la fiscal en abrir carpeta por cada hecho denunciado. Con esto creo que ya está corrigiendo un poco eso a efectos de ganar contenido y mejor sustento de cara a las medidas que puede en el futuro solicitar, como por ejemplo la misma acusación constitucional”, remarcó a Perú21.
En tanto, la abogada penalista Romy Chang opinó que el caso sí se fortalece y que la investigación en las diferentes líneas de indagación “va a agilizarse”.
“Porque todas las diligencias que se hubieran tenido que hacer en cada uno, ahora ya no se van a duplicar sino se hará una única vez. Por ejemplo, las declaraciones. También va a suponer que haya un caso más fuerte”, mencionó a este diario.
TENGA EN CUENTA:
“Si finalmente fuera consecuente y coherente con esa posición, (la Fiscalía) debería acumular todas las carpetas en una sola y no dos casos en uno”, dijo a este diario Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo.“Para evitar la multiplicidad de diligencias y actos de investigación que hay”, agregó.El penalista Andy Carrión comentó que una red criminal puede ser investigada en sus distintas estructuras.
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