Un general de la Policía Nacional habla con cautela y temor cuando se le consulta por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Hace pausas cuando conversa, piensa mucho lo que va a decir. No lo menciona, pero Santiváñez le ha gritado y reprendido en más de una ocasión. Y no solo a él, sino también a sus colegas, incluidos los miembros del alto mando policial que hoy jefatura el comandante general Víctor Zanabria. “Se van a ir todos”, los amenazó, según cuenta el oficial.
Esa iracunda y prepotente actitud, reportada hasta por tres fuentes distintas a este diario, ha sido canalizada desde Palacio de Gobierno. Y es que la presidenta Dina Boluarte no olvida el allanamiento a su casa de Surquillo, sucedido hace más de dos meses.
La mandataria ha encontrado en Santiváñez al mejor intérprete de sus enfados. Distintos abogados consultados que han conocido de cerca al hoy titular del Interior indicaron que este tiene un talante autoritario.
Incluso, cuando le ha tocado ir al Ministerio Público por alguno de sus patrocinados —muchos de ellos policías investigados—, este intentaba imponerse a los fiscales con formas coléricas.
Según otras fuentes, a Boluarte le ha molestado que, pese a ser jefa máxima de la PNP, nadie le haya avisado desde esa instancia que su vivienda sería intervenida ese 30 de marzo.
Pero lo que no perdona es que la puerta de su hogar sea tumbada con un ariete y que esa imagen, con el coronel PNP Harvey Colchado como protagonista, haya sido vista y compartida a nivel nacional e internacional.
El miedo de los generales por ser relevados de sus puestos o, en el peor de los casos, pasados al retiro a fin de año es tan real que algunos llamaron a Colchado para reclamarle por la forma que usó para ejecutar la orden judicial.
El suspendido jefe de la Diviac, que apoyaba al equipo especial de la fiscal Marita Barreto, detalló en el acta de allanamiento que tomó esa decisión porque nadie en la casa abría la puerta y estaba en riesgo la desaparición de pruebas por el caso Rolex.
La llamada de atención hacia los generales también la hizo saber públicamente el ministro Santiváñez. Aseguró que se debe salir a la “caza” de los delincuentes y no estar detrás de un escritorio. “General que no trabaja, general que se va”, declaró a la prensa el pasado 31 de mayo.
Sin embargo, esa sería la excusa para mantener a raya y alineados al régimen a los generales.
Aunque, según las fuentes, el que está del lado de Santiváñez es Víctor Zanabria, el comandante general, con quien ha escrito la presentación del libro Lecciones del derecho policial.
Dime con quién andas
El día en que Juan José Santiváñez se reunió con el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el lunes 3 de junio, dejó ver a su círculo de confianza. Dos de ellos con un sospechoso pasado.
Santiváñez acudió con Máximo Ramírez de la Cruz, director general de la Defensoría PNP; el comandante Ismael Arroyo Roca, jefe de Seguridad; y el edecán Dante Velasco Marín, informaron desde Fiscalía.
Máximo Ramírez fue asesor de Willy Huerta, exministro del Interior de Pedro Castillo comprometido en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Ramírez también asesoró a Walter Ortiz cuando este, a la cabeza del Mininter, desintegró al grupo policial que apoyaba al equipo especial contra la corrupción del poder (Eficcop). Es decir, cuando el gobierno sacó del camino a Colchado.
Ismael Arroyo, en tanto, es jefe de la División de Contrainteligencia de la Dirección General de Inteligencia (Digimin).
En mayo último, el diario La República informó que dos efectivos de Contrainteligencia, con Arroyo de director, hicieron seguimientos a Jorge Angulo, excomandante general de la Policía Nacional. Y fue Santiváñez el que confirmó esa vigilancia, aunque aclaró que no era contra Angulo.
En 2016, el comandante PNP fue pasado al retiro, pero consiguió ser repuesto de forma definitiva por el entonces ministro Willy Huerta, en agosto de 2022.
El ministro Santiváñez contestó por escrito a las preguntas que le formuló Perú21. Negó que haya gritado a los generales e indicó que mantiene un trato cordial y de respeto con los oficiales, independientemente de sus rangos.
No obstante, acotó: “Eso no significa que no sea riguroso en mis decisiones cuando advierta que no existen los resultados esperados”.
Respecto a Máximo Ramírez, confirmó que es persona de su confianza. “Estoy seguro de que será una pieza valiosa en esta cruzada que hemos emprendido para mejorar las condiciones de la defensa legal a nuestros policías”, expresó el hombre de gobierno.
La venganza de Dina Boluarte contra la Policía Nacional está encaminada, y Juan José Santiváñez se encarga de ejecutarla.
Nicanor, su abogado y Santiváñez
Aunque Juan José Santiváñez y Luis Vivanco han negado haber siquiera conversado sobre la situación legal de Nicanor Boluarte, las evidencias muestran más de una coincidencia.
Perú21 accedió al escrito que Vivanco presentó al Eficcop apersonándose como abogado del hermano de la presidenta Dina Boluarte. La fecha es 10 de mayo de 2024.
Ese día, por la mañana, el letrado acudía a la sede del Ministerio del Interior para reunirse con el entonces viceministro Santiváñez. De acuerdo al registro de visitas, la cita duró de 10:55 a.m. a 11:17 a.m.
El encuentro sucedía, además, mientras la Policía detenía al mayor de los Boluarte acatando una orden de detención preliminar.
“Ese día creo que estuve 20 minutos y no vi al hoy ministro. Por última vez, ni coordiné ni hablé de la situación del señor Boluarte”, contestó Vivanco por WhatsApp.
Eso sí, detalló que se convirtió en defensor legal de Nicanor cerca de la medianoche. “Me apersoné y presenté la apelación (contra la detención preliminar)”, agregó.
Por su parte, el ministro Santiváñez, consultado sobre esas casualidades, soltó información que antes se había reservado respecto de su real vínculo con el defensor de Nicanor.
“Ambos somos abogados de profesión, específicamente en el ejercicio penal, por lo que sí nos conocemos y hemos compartido espacios tanto profesionales como también académicos”, detalló a Perú21.
