Jorge Barata, el confeso coimero de Odebrecht, está consiguiendo lo que todo delincuente desea: impunidad. Su negativa a seguir colaborando con la justicia peruana ha complicado los casos Lava Jato cuando han empezado los juicios, justo la etapa en la que se decide todo. La empresa Odebrecht no dice nada, pero hay más de un indicio que lleva a pensar que puede seguirle los pasos a su exdirectivo estrella. Uno de ellos es la suspensión de intercambio de información desde Brasil que ya está trabando los procesos.
El 11 de octubre de 2023, Jorge Barata decidió no declarar en el juicio contra el expresidente Ollanta Humala por los aportes que, en 2011, hizo Odebrecht a la campaña del Partido Nacionalista.
El acuerdo estipulaba que Barata debía ratificar en el juicio que la constructora entregó US$3 millones para las actividades proselitistas.
Sin embargo, el exejecutivo, a través de su abogado Carlos Kauffman, comunicó que estaba impedido de compartir información debido a una orden judicial emitida por la justicia de su país.
Esa resolución prohibía usar las evidencias extraídas de Drousys y Mywebday, las plataformas digitales en las que Odebrecht registraba el desembolso de sobornos.
El ahora excolaborador asumía que, para hablar en este y otros casos, inevitablemente tendría que hacer referencia a los datos que contienen esas herramientas.
Pese a que los jueces peruanos informaron a su defensa que ese fallo solo afectaba en fueros brasileños, y que tenía obligaciones legales que cumplir con el Perú, el exdirectivo de la constructora no se presentó al juicio y de esa manera violó el acuerdo que suscribió en 2019.
Posteriormente, el fiscal José Domingo Pérez pidió a la jueza Margarita Salcedo que revoque los beneficios penales de los que gozaba Barata.
Salcedo accedió y dictó su veredicto el 4 de julio. El 10 de este mes, la Fiscalía solicitó dictar 36 meses de prisión preventiva contra el excolaborador eficaz. El Poder Judicial debe pronunciarse.
Jorge Barata ha mostrado un nuevo rostro desde que las investigaciones por Lava Jato han llegado a juicio. No solo ha sucedido con Humala; también en el caso Alpha Consult, una empresa supervisora de obras que, según la Fiscalía, recibió coimas de Odebrecht para avalar el avance de sus construcciones.
El 4 de julio último, el abogado Carlos Kauffman se presentó de forma virtual al juicio y anunció que su patrocinado no hablaría hasta tener garantías legales a su favor.
Kauffman exigió que, en adelante, las audiencias se realicen acatando las leyes brasileñas. Explicó, en esa línea, que un juez de su país debía estar presente en las diligencias para ejercer control.
Ese tipo de diligencias se efectúan bajo el amparo de la cooperación judicial internacional, que amerita una coordinación previa entre las autoridades de ambos países. Sin embargo, hoy este mecanismo está suspendido por disposición de Brasil.
Asimismo, requirió que se restablezca el acuerdo de colaboración eficaz de Barata para que este continúe declarando ante los jueces peruanos.
“Si no existen esas garantías, Jorge Barata no podrá presentarse. Él está dispuesto a colaborar con las autoridades brasileñas y peruanas”, expresó el letrado.
Mientras tanto, el empresario brasileño vive sin restricciones en Sao Paulo. Incluso viaja al extranjero con frecuencia, sobre todo a Australia, para visitar a una de sus hijas.
Los fiscales del equipo especial Lava Jato han sentido esta semana las consecuencias de un golpe provocado por Odebrecht: la suspensión de la cooperación judicial internacional con Brasil.
Luiz Antonio Mameri, exdirectivo de Odebrecht, debía declarar el miércoles 10 de julio en el caso Alpha Consult, pero sorpresivamente no se presentó en la audiencia virtual.
La jueza Lorena Sandoval indicó que se había tramitado la convocatoria de Mameri vía cooperación; sin embargo, no hubo respuestas de parte del testigo ni de los funcionarios brasileños.
La cooperación judicial internacional es el mecanismo formal para que las autoridades judiciales intercambien información y documentos en un proceso penal.
Bajo esta estructura legal, por ejemplo, se coordinaron los interrogatorios a Barata y otros directivos de Odebrecht cuando confesaron el pago de coimas a funcionarios peruanos.
No obstante, no era conocido que la Fiscalía brasileña había suspendido este sistema de colaboración en abril pasado a pedido de la empresa.
En el escrito firmado por la fiscal Anamara Osório Silva, al que accedió Perú21, se indica que el congelamiento se debe a que la constructora alegó que las autoridades de Perú han usado información proporcionada por Odebrecht contra la misma compañía.
Se refieren a decisiones tomadas por la procuradora ad hoc Silvana Carrión, quien ha incluido a la compañía en algunos procesos para el cobro de reparación civil.
Según Osório, de esa forma se estaría vulnerando el acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht, que estipula que esta no puede ser procesada con datos que ella compartió con el Ministerio Público.
La otra opción es que Mameri no se haya presentado porque la compañía brasileña se lo haya ordenado. Si así hubiera sido, ello generaría un terremoto en el caso Lava Jato.
Lo sucedido con Barata puede ser un preludio de lo que pasaría con la colaboración eficaz de la empresa Odebrecht.
En la audiencia de Alpha Consult, a la que no se presentó Luiz Mameri, la fiscal Geovana Mori comunicó que han pedido explicaciones a la empresa por la inasistencia de su exdirectivo.
Y es que, señaló Mori, el acuerdo de colaboración obliga a la compañía a poner a disposición a todos sus exejecutivos cuando sean requeridos.
Incumplir ese requisito motivaría a la Fiscalía peruana a pedir la revocatoria de los beneficios penales de los que goza aún Odebrecht. Es decir, seguiría el mismo camino de Jorge Barata.
Perú21 conoció que, en el equipo especial Lava Jato, ya han proyectado un escenario en el que la compañía se niegue a seguir colaborando.
Y es que hay otro indicio que hace creer a los fiscales en ese escenario. Barata ya no reconoce responsabilidad en el caso Gasoducto. Lo expresó a la fiscal Mori en un interrogatorio de junio del año pasado, realizado en Sao Paulo.
En otras palabras, el exejecutivo está negando la manifestación que dio en 2019, cuando dijo que coordinó con la ex primera dama Nadine Heredia la adjudicación del megaproyecto durante el gobierno de Ollanta Humala.
¿Qué efecto tiene ese cambio de versión? Que Odebrecht sea exculpado del proceso Gasoducto, que no es parte de la colaboración eficaz que suscribió la empresa.
Sin embargo, si la Fiscalía demuestra que la compañía influye en sus exejecutivos para boicotear las investigaciones, entonces el acuerdo se rompería y Odebrecht tendría que ser enjuiciada.
El caso Lava Jato en el Perú está camino al abismo. Hay más de un panorama posible después de la rebeldía de Barata y es difícil creer que, en alguno de ellos, el equipo especial de la Fiscalía salga bien parado.
Para el penalista Andy Carrión, lo hecho por el exdirectivo brasileño no está desconectado de los intereses de la empresa, por lo que es probable que la compañía pueda seguir el mismo camino de Barata.
“Barata ha sido un hombre fuerte de Odebrecht, no se puede creer que él intente perjudicar a la empresa más allá de que negoció su colaboración eficaz por su cuenta. Entonces, si ya se le revocaron los beneficios, y uno va a seguir la suerte del otro, la pregunta es ¿por qué solo uno de ellos debe sacrificarse?”, comentó a Perú21.
En esa línea, advirtió que todo eso llevaría a que los acuerdos de colaboración eficaz se vulneren y que deje en evidencia un endeble y pobre trabajo de los fiscales por no prevenir este desenlace.
Por esa razón, Carrión criticó que el Ministerio Público permitiera a Barata cautelar su dinero e irse a Brasil y a la empresa poder vender sus activos.
“El principal el error de la Fiscalía y la Procuraduría ha sido no atar al Perú a Barata y a Odebrecht, les dieron todas las facilidades para irse sin sujetarlos legalmente”, alegó.
Su colega Fernando Silva, en tanto, explicó que existe un “vacío legal” para procesar a Barata debido a que fue condenado para convertirse en colaborador eficaz pero no se le impuso pena.
“Con Barata hay un problema mayor. Si bien ha sido declarado culpable, se suspendió la pena porque se le dieron beneficios, pero, ahora que esos beneficios se han revocado, entonces el proceso que viene es para determinar la pena, ¿pero cómo se determinará ello si nunca lo han acusado? En este país nadie puede ser condenado sin una acusación”, expresó a este diario.
Silva explicó que lo que tendría que hacer la Fiscalía es formular acusación en los cuatro casos que Barata reconoció delitos (Metro de Lima, Vía Evitamiento Cusco, Interoceánica Sur y Vía Costa Verde tramo Callao) y esperar que el Poder Judicial evalúe una pena que se traduciría en años de cárcel.