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Fiscalía formalizaría investigación a gobernador de Cusco por peculado
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Un informe de la Contraloría General de la República ha puesto contra las cuerdas al gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, pues confirma que este habría hecho uso ilegal del estadio Inca Garcilaso de la Vega para “hospedar en un recinto del Estado” a cientos de manifestantes que participaron, en enero, en violentas protestas que acabaron con la vida de una persona.
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Según el documento, el gobernador dio luz verde para que los revoltosos duerman en el recinto deportivo, hecho que sería irregular pues ingresaron con una finalidad distinta a la realización de actividades deportivas. Además, la Contraloría señala que el gobernador y otros implicados habrían “vulnerado la neutralidad y la protección de bienes del Estado”.
Como se recuerda, la tarde del pasado 10 de enero, cientos de personas ingresaron a las instalaciones del estadio ubicado en el distrito de Wanchaq en Cusco.
El informe muestra imágenes de las cámaras de seguridad del recinto en el que pernoctaron más de 300 protestantes, que luego intentaron tomar el aeropuerto.
Se visualiza que ingresaron por la puerta del lado occidente del estadio a partir de las 5:30 p.m. del martes 10 de enero y se fueron retirando a las 4:21 a.m. del miércoles 11.
La Contraloría muestra también fotografías del cuaderno de vigilancia y registro del estadio Garcilaso. Es ahí donde se deja constancia de que “por orden del gobernador regional” los manifestantes se podían quedar alojados hasta el día siguiente.
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Asimismo, en el cuadernillo se da cuenta del ingreso del vehículo de placa de A7F-631 a nombre de Walter Torres Orccon, quien es presidente de la denominada Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC), gremio de manifestantes que agrupa a comunidades indígenas y nativas, y que encabezó también las violentas manifestaciones.
Fuentes de Perú21 en el Ministerio Público aseguraron que tras el informe de la Contraloría se estaría evaluando formalizar la investigación preparatoria contra el gobernador y otros implicados.
El abogado penalista Andy Carrión señaló a este diario que el gobernador cusqueño sería investigado por peculado de uso y podría ser inhabilitado para ejercer cargos públicos y sancionado con una pena de 4 a 8 años de prisión.
TENGA EN CUENTA
Entre el 9 y 12 de enero se registraron en Cusco múltiples hechos violentos, como saqueos de centros comerciales, el intento de tomar el aeropuerto e incluso la quema de un canal de televisión.Grupos de universitarios, transportistas, organizaciones campesinas y otros, anunciaron que retomarán las movilizaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte el lunes 6 de marzo.
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