Evidencias apuntan a que Sada Goray operaba como cabecilla de red criminal

El caso de la investigada Sada Goray, que fue la estaca final para el golpista Pedro Castillo, tiene ahora mayores detalles que vuelven a ponerla en el ojo de la tormenta.

Fuentes de Perú21 señalaron que existen elementos contundentes que apuntan a que la empresaria es la cabeza de una organización criminal que sirvió para los intereses de la red que formó Castillo en el Ministerio de Vivienda. Por ese motivo, el equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto evalúa imputarle este delito, además de cohecho y tráfico de influencias.

Una de las evidencias, que fue revelada por el dominical Cuarto poder, es que el exesposo de Goray, Luis Mesones, formó parte del directorio del Fondo MiVivienda en 2021, cuando dicha instancia decidió adjudicarle contratos a MarkaGroup, empresa que formó junto a Goray y de la cual recibía un sueldo.

Y no solo eso. Para suerte de la empresaria se realizó también el cambio del presidente y de dos directores integrantes del directorio del Fondo MiVivienda. Los tres nuevos miembros decidían, además, en una instancia crucial para los intereses de su empresa, el comité de riesgos, donde los proyectos se aprueban antes de ser ratificados en el directorio.

El presidente de esa instancia es Pedro Arroyo Marquina, quien precisamente es amigo cercano de Mesones desde la universidad. Y también es su socio, pues constituyeron juntos una empresa en 2017.

Asimismo, de acuerdo al dominical, uno de los directores que ingresó junto a Mesones al Fondo MiVivienda es Roger Gavidia, un trujillano que favoreció con sus votos a MarkaGroup y que curiosamente cuenta con una empresa contable que trabajó para la empresa de Sada Goray.

Según la disposición fiscal del 28 octubre de 2022, suscrita por Kelinda Janampa, integrante del equipo de Barreto, se inició una investigación preliminar por el delito de organización criminal y tráfico de influencias contra Sada Goray y otros implicados por la entrega de 60 hectáreas de terrenos a su favor. No obstante, Janampa fue derivada a una Fiscalía del Callao, y su colega Freddy Niño, quien entró en su lugar, cambió el delito de organización criminal por cohecho.

Perú21 conoció que el equipo de la fiscal Marita Barreto está considerando volver a imputar organización criminal a Goray, aunque espera que se corroboren hechos específicos que se asemejen y relacionen a la red de Castillo.

Fuentes de este diario indicaron que durante estos meses se ha ido corroborando lo dicho por el exjefe de Asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo. Este declaró a la Fiscalía que Goray le entregó S/9 millones –S/5.5 millones en efectivo y una casa en San Isidro valorizada en S/3.4 millones–: él se quedó con la casa y el resto fue repartido entre el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, y el expresidente Pedro Castillo.

Según las mismas fuentes, a más tardar la próxima semana saldría el informe final donde se da cuenta de los delitos y se detallan elementos hoy desconocidos que posicionan a la empresaria Sada Goray como la cabecilla de una organización criminal que operó impunemente en las instancias del sector Vivienda.

Goray se acogió a la colaboración eficaz en enero último desde Miami, Estados Unidos, con la ayuda de su abogado Telmo Zavala Bayona, exfiscal adjunto de Marita Barreto. Zavala es trujillano de nacimiento y abogado de la familia materna de la investigada.

La empresaria fue interrogada en República Dominicana y Miami y, según pudo conocer este diario, no mencionó en ninguno de los interrogatorios el vínculo empresarial que hasta la fecha mantiene con su exesposo Luis Mesones ni sobre la participación de este último en la mesa directiva del Fondo MiVivienda.

Sin embargo, Perú21 conoció que el equipo especial recién se enteró de la participación de Mesones porque el Ministerio de Vivienda remitió un informe de Contraloría donde este figuraba como miembro del Fondo MiVivienda.

Como se conoce, Sada Goray Chong es la empresaria que reconoció ante el equipo especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder haber pagado S/4 millones en coimas a Salatiel Marrufo Alcántara para que su empresa MarkaGroup consiga contratos en la mencionada cartera.

Ante el Ministerio Público, Goray ha ratificado la entrega de ese millonario monto, pero no reconoce como parte del soborno la propiedad de la que se apoderó Marrufo. La empresaria aún tiene mucho por aclarar.