Universidades cerradas por SUNEDU ahora reabren por Zoom y darán títulos

La ‘universidad’ privada Telesup está involucrada en una investigación fiscal por haber formado parte de una organización criminal y lavado de activos, hace menos de un mes dos de sus locales fueron embargados y en 2019 la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) les negó la licenciatura por no cumplir con los criterios básicos de calidad. Sin embargo, pese a todos estos antecedentes la ‘universidad’, sigue funcionando. Si bien se encuentra en un proceso de cese, la propia Sunedu le ha regalado un año más de actividades.

En 2021, el negocio del congresista José Luna Gálvez fue emplazado a dejar de impartir clases desde el 12 de octubre de 2023. Eso también significaba apurar el desarrollo de sus asignaturas y cerrar la entrega de grados y títulos.

Sin embargo, después de la aprobación de la nueva Ley N.° 31520 “que restituye la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”, la Telesup consiguió este año una ampliación de su plazo de cese porque —según exponen en un documento publicado por la misma universidad— “viene cumpliendo con las obligaciones previstas en el reglamento de cese de actividades”. Esta ampliación la otorgó Sunedu mediante el oficio 1837-2023 y ahora se extiende a septiembre de 2024.

Hasta junio de 2022, la Telesup no podía dictar clases ni para los alumnos que se encontraban en los últimos ciclos. Hoy exhiben publicidad que anuncia: “te esperamos para empezar juntos nuevamente” y también ofreciendo talleres de tesis con 20% de descuento. Las clases que brindan son solamente virtuales porque no tienen locales habilitados para la mencionada tarea. ¿Esta es la educación de calidad que respalda ahora la Sunedu?

Perú21 confirmó la situación de la universidad y la información antes referida. Por otra parte, los encargados del área de informes del centro de estudios aseguraron que en ningún momento dejaron de dictar clases. Las carreras virtuales que brindan son las de administración, contabilidad, derecho e ingeniería de sistemas a aquellos que les faltan los últimos tres ciclos de estudios.

Esta no sería la única.

“La universidad cerró sus puertas y cuando viene la pandemia fue peor, no había con quien comunicarse, no había respuesta de las autoridades si es que se iba a continuar en forma remota las clases pendientes. Hubo prácticamente un año de incertidumbre total en todas las facultades”, cuenta con pesar una exalumna de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, otra casa de estudios involucrada en denuncias por el mal tratamiento del dinero de las pensiones de los estudiantes y no licenciada por Sunedu.

Con un rector que ganaba S/2 millones mensuales y sin autorización de funcionamiento desde 2019, esta casa de estudios ha pasado de estar en liquidación a “reestruccturación” y deberá presentar los documentos correspondientes para lograr un nuevo proceso de licenciamiento. Sunedu, en 2022, le entregó un año más para que cierren permanentemente. Para el 3 de marzo de este año, la universidad debió cesar sus actividades oficialmente, ahora tienen hasta el 3 de marzo de 2024. El regulador permitió a un negocio que no cumplía con los requisitos mínimos para funcionar seguir dictando clases de manera virtual en todas sus carreras que incluyen, , por ejemplo, ciencias de la salud.

Este diario llegó al único local abierto de la Garcilaso de la Vega e informaron que “la primera semana o quincena de octubre se reinicia, todavía no tenemos cronograma, todavía no tenemos nada, las clases son virtuales, en la misma plataforma va a salir la información correcta”. La desorganización es clara, pero el Zoom es el mismo.

Además, muchos alumnos denunciaron el cobro exagerado por sacar titulación pese a la situación de la universidad. Este tiene un costo aproximado de S/7,700. También, indicaron que siguen esperando la devolución de pensiones completas de un ciclo que no llevaron, pero no obtienen respuesta. La demora en la entrega de los grados y títulos es otro reclamo constante.

Con dos denegatorias consecutivas de licencia y una fecha establecida de cese, la universidad Alas Peruanas es otro centro de estudio que tendrá dos años más para cerrar definitivamente y aprovecha esta situación para brindar clases virtuales a los alumnos que quedan en la institución. Por si fuera poco, algunos estudiantes denunciaron que en muchos casos no les dan las facilidades para trasladarse a otros centros de estudios o no reconocen vouchers de deudas ya canceladas que afectan directamente a los futuros profesionales.

Ahora, el negocio se renueva pero solo en nombre. En las redes sociales se hacen llamar Nueva UAP y ofrecen ‘matricularse a un futuro profesional’ y bachilleratos automáticos.

“Ellos tienen la obligación de proteger a sus alumnos y darles la oportunidad para que sus estudios no se vean perjudicados”, señaló a este diario Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (CAPPES) y exdirector de la Dirección General de Educación Superior Universitaria.

Por otra parte, señaló que ante los casos de incumplimiento, la Sunedu y otras entidades pertinentes deberían sancionar como corresponde a los centros de educación superior que no ejecutan sus obligaciones. “Ese tipo de comportamiento, pues afecta a los estudiantes, ahí la Sunedu y el área de supervisión tiene que tomar cartas en el asunto, sin duda y corresponde a Sunedu en coordinación con Indecopi”, afirmó.

Ahora, ¿quién se hará responsable de los ‘profesionales’ que egresen de estas nuevas ‘universidades’ virtuales?

El exministro de Educación Ricardo Cuenca brindó su opinión acerca de la estrategia que están utilizando las universidades no licenciadas por Sunedu durante este tiempo que la calidad educativa se ve en el limbo ante la aprobación de la nueva Ley Universitaria. Además, señaló que desde la sombra, los centros de estudio no licenciados esperan el momento para ampliar sus fechas de cese y, eventualmente, volver a funcionar.

El Estado ya no puede garantizarle a las familias que las universidades que están operando cuentan con unas condiciones básicas de calidad. Lo que ha pasado en ese proceso de debilitamiento de las reformas —que han ido avanzando progresivamente— y lo que va a suceder ahora es que efectivamente van a ampliar los plazos (de cese) y van a cambiar las condiciones básicas de calidad para hacerlas menos exigentes y así las universidades que no lograron licenciarse, lo hagan. Es un proceso de franco retroceso sobre el tema de la calidad educativa

Tenían dos opciones, subsanar y volver a presentarse las veces necesarias o usar alguna de las alternativas que la propia Ley ofrece para los estudiantes muy afectados frente a esta decisión de la reguladora. Entonces, lo que han hecho es esperar la oportunidad de que la ley cambie y no cumplir del todo (el proceso). Ahora van a tener una extensión y estoy casi seguro que va a haber un proceso nuevo de licenciamiento con nuevas reglas de juego para continuar operando y nuevamente vamos a estar en el mismo punto de partida.

Sospecho que esta especie de promoción que dice “todavía estamos vivos” es parte de la estrategia que tienen para cuando vuelvan a ser licenciados, en algún momento bajo estas condiciones de calidad distintas y menos exigentes, para que ante la opinión pública traten de colocar la idea de que han estado permanentemente activas, cuando en el fondo no lo son. Es una estrategia claramente política.

Hay una conexión entre el nivel de calidad universitario y el nivel de calidad de empleo, es decir, si yo recibo una educación de mala calidad va a ser altamente probable que la calidad de mi empleo también sea deficiente. Lo peor sería conseguir un trabajo de muy mala calidad, mal remunerado, sin condiciones y sin los beneficios laborales o condiciones de trabajo, allí hay un problema para los estudiantes.