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Walter Gutiérrez: “Recomendamos al TC admitir la demanda sobre la disolución del Congreso”
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El titular de la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez, indicó que la entidad que preside recomendó hoy en un informe al Tribunal Constitucional (TC) “admitir a trámite” la demanda competencial que el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, interpuso sobre la disolución del Congreso.
“Estamos recomendando que el TC admita la demanda competencial porque vivimos en una etapa inédita, donde hay muchas cosas que despejar, muchas cosas por resolver, y que la instancia que debe esclarecer esto es el Tribunal Constitucional”, manifestó en declaraciones a la prensa.
Para Gutiérrez, es elemental que se resuelvan aspectos que no están limitados en la acción del Ejecutivo y Legislativo, en cuanto a sus competencias fundamentales.
Por ello, el defensor apuntó que “admitir la demanda no significa darle la razón a uno u otro, simplemente es admitir a que se inicie el proceso” para evaluar los temas de fondo.
De acuerdo al documento, titulado “Informe defensorial sobre la crisis política, cuestión de confianza y disolución del Congreso”, se insta al máximo intérprete de la Constitución a resolver varios aspectos del conflicto.
Por ejemplo, se expresa que es necesario definir sobre qué aspectos puede el Ejecutivo plantear la cuestión de confianza. Precisamente se menciona la incertidumbre que suscita este recurso cuando se aplica por reformas constitucionales.
También se menciona el margen de presión que adopta esta figura constitucional al Legislativo cuando de por medio se pretende limitar el debate parlamentario. En este punto, se indica que este marco “supondría una intromisión en su autonomía funcional (del Parlamento)”.
En cuanto al voto de confianza, la Defensoría puntualiza que el Congreso no puede otorgarla y después votar en sentido contrario a la “esencia” que válidamente el Ejecutivo propuso en la figura.
En otro punto, el informe se refiere a la cuestión de confianza que el expremier Salvador del Solar hizo sobre las reglas de elección de magistrados al TC. Sobre este planteamiento, que finalmente gatilló la disolución del Parlamento, se menciona en el documento:
“El Ejecutivo no pretendía reemplazar en sus funciones al Congreso en elegir a los magistrados, pero sí garantizar que el proceso de elección sea transparente, abierto al escrutinio de la ciudadanía y a la participación de la sociedad civil”.
Revisa el informe completo:
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