TC verificará si se han implementado medidas para resolver hacinamiento en penales del país

En el caso del Ministerio de Salud, el Tribunal Constitucional dispuso que le otorgue inmediata atención, diagnóstico y tratamiento a un suboficial de la Policía Nacional del Perú que padece de graves problemas psicológicos y psiquiátricos en el penal de Lurigancho.

En ese contexto dispuso también que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto con el Inpe y el Ministerio de Salud, “diseñen, propongan y ejecuten un plan de acción que asegure la disponibilidad y accesibilidad del servicio de salud mental de los reos a nivel nacional” en un plazo que venció el 6 de enero último.

Asimismo, ordenó que se identifique a la población penitenciaria que padece de algún tipo de trastorno mental “a fin de determinar su adecuado tratamiento”.

La implementación de todas estas medidas, se informó, debe ser informada por el Inpe cada tres meses al TC.

En cuanto al hacinamiento en los centros penitenciarios, el tribunal advirtió severas deficiencias en la infraestructura y servicios básicos a nivel nacional.

En este caso estableció como tope el año 2025 para que se superen esas irregularidades que calificó de inconstitucionales. Caso contrario se deberán cerrar “seis establecimientos penitenciarios que hayan alcanzado los mayores niveles de hacinamiento”.

La medida fue dada luego de que un interno del penal de Tacna, identificado con las iniciales C.C.B., formulara una queja por no recibir atención médica oportuna y por dormir en el suelo.