Susana Villarán: ¿Es válida solicitud de impedimento de salida del país para ex alcaldesa?

El 17 de marzo de 2013, la ex alcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán, celebró la victoria del NO tras el pedido de revocatoria solicitado por la oposición. El 51.2% de votantes decidió su permanencia en el cargo.

El pasado jueves 23 de noviembre, IDL-Reporteros difundió la transcripción de las declaraciones que Jorge Barata, ex directivo de la empresa Odebrecht en Perú, brindó a la Fiscalía de Brasil, en diciembre del año pasado. Según Barata, la ex funcionaria se habría comunicado con él por teléfono a fin de pedirle US$3 millones para la campaña del NO, monto que finalmente habría sido entregado en especies al entonces gerente de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro, y en efectivo, a los publicistas Valdemir Garreta y Luis Favre.

Las declaraciones de Barata se suman a las de Garreta quien, según el diario El Comercio, indicó que asesoró la campaña del NO a cambio de un pago por parte de las constructoras Odebrecht y OAS.

Odebrecht estaba interesada en que Villarán se mantuviera en el cargo debido a los contratos que mantendría con la municipalidad en el proyecto de “Vías Nuevas de Lima”. Lo mismo pasaba con la empresa OAS, pero en el de ‘Vía Parque Rímac”. Ambas obras fueron dadas en concesión a tales empresas, respectivamente.

Ayer viernes 24, la Fiscalía dispuso abrir una investigación preliminar a la ex alcaldesa de Lima por los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo propio. Según fuentes del Ministerio Público, el fiscal Hamilton Castro ha solicitado al juez Manuel Chuyo una orden de impedimento de salida del país contra la ex burgomaestre, al estar presuntamente involucrada en los casos de corrupción de Lava Jato. Esto, tras los testimonios de los colaboradores eficaces, Barata y Garreta.

Bajo el nuevo Código Procesal Penal, la investigación preliminar es la etapa inicial de las pesquisas. Según el penalista, Iván Meini, ahí la información que incrimina a los presuntos responsables es de “sospecha simple”. Es decir, no hay pruebas sólidas aún. Sucede así con el caso Villarán. Eventualmente, la investigación podría formalizarse y pasar a investigación preparatoria cuando la fiscalía recabe más pruebas.

 El impedimento de salida que la fiscalía ha solicitado es una medida cautelar para garantizar la presencia del investigado en el proceso. Para ello, la ley exige evaluar si hay prueba suficiente de un posible delito, riesgo de fuga, doble nacionalidad, flujo migratorio intenso, no concurrencia a las citaciones de la fiscalía, entre otros. La pregunta, ante estos hechos, es si a pocos días de abrirse la investigación, ya es posible concluir la necesidad de aplicar la medida.

En declaraciones a Perú 21, el abogado de la ex funcionaria, Iván Paredes, señaló que “no hay necesidad de que el fiscal solicite dicha medida cautelar porque [Susana Villarán] está dispuesta a esclarecer su situación jurídica”.

Si bien la ley no prohíbe pedir esta medida en una fase preliminar, según el abogado penalista Carlos Caro, “para admitirla tendría que haber prueba suficiente porque se trata de una medida de restricción de libertad. Por ejemplo, Nadine Heredia tuvo impedimento de salida después de un año de iniciada la investigación, las agendas salieron en agosto de 2015 y recién en julio del año pasado aplicaron la medida porque hay que recaudar pruebas”.

• Los ex representantes de las empresas Odebrecht y OAS visitaron la Alcaldía y la Gerencia Municipal de Lima, en más de una ocasión.