Pedro Castillo: PJ ordena levantar secreto bancario de Lilia y Yenifer Paredes por ‘Caso Anguía’

La petición fue formulada por el fiscal Jorge García Juárez contra 42 personas incluidas en las investigaciones, así como a seis empresas. Cabe resaltar que se encuentran los hermanos de la exprimera dama, Walter y David Paredes, y sus sobrinos Rudbel y Wesly Oblitas. También se encuentra el exalcalde de Anguia José Nenil Medina, y la amiga de Yenifer Paredes que trabajó en Palacio de Gobierno, Susy Díaz Hamán. Así lo revela un informe difundido por El Comercio.

En ese sentido, las entidades bancarias deberán entregar a Eficcop la información sobre las cuentas bancarias de los investigados, así como cheques girados, hipotecas, préstamos, transacciones, tarjetas, entre otros. Además, también se levantó el secreto tributario, cuya información también deberá ser entregada al equipo fiscal.

Los periodos de la información requerida varían. En el caso de Yenifer Paredes, así como el de 21 investigados más, el periodo de información será desde el 1 de enero de 2019 hasta la actualidad. Mientras tanto, en el caso de Lilia Paredes y otros 19 investigados, el periodo comprende del 11 de abril de 2021 hasta la fecha.

La tesis fiscal es que esta organización inició liderada por el exalcalde de Anguia José Nenil Medina, quien habría buscado apropiarse de recursos públicos. Actualmente se encuentra bajo prisión preventiva. La organización criminal habría direccionado contratos de consultorías para expedientes técnicos y perfiles técnicos para proyectos de obras públicas.

Asimismo, también se le sindica procesos de adjudicación irregulares para la realización de obras, otorgamiento de subvenciones fraudulentas y actos de apoderamiento ilegal de patrimonio del Estado.

En ese sentido, el Ministerio Público señala a Yenifer Paredes como la “coordinadora” de esta organización, dado al cargo que tuvo en la Municipalidad de Anguía.

“Habría tenido notable participación [...] en su condición de Administradora de la Municipalidad Distrital de Anguía, habría coordinado, gestionado, y viabilizado los acuerdos ilícitos en cumplimiento del programa criminal”, indica el documento.

Por otra parte, otros funcionarios de la municipalidad son sindicados como “colaboradores” y testaferros. Uno de ellos es el empresario Hugo Espino, quien confesó que cuñados del expresidente Pedro Castillo depositaron S/ 90,000 para elaborar expedientes de obras que puedan ser llevadas a cabo por ellos.

De acuerdo al Ministerio Público, una vez Pedro Castillo pasa a segunda vuelta, en abril de 2021, la red criminal expande sus operaciones a nivel nacional, gracias al apoyo económico a la campaña presidencial del ‘profesor’ y la incorporación de José Nenil Medina al ‘Gabinete en la sombra’,

“[José Nenil Medina] traslada e integra su organización criminal de desarrollo local, financiando la campaña presidencial de José Pedro Castillo Terrones, y reformula los roles de sus miembros para beneficio de la presunta organización criminal en el poder”, señala el documento.

Una vez Castillo Terrones obtuvo la victoria, la organización criminal decidió enquistar el aparato estatal, de acuerdo a la Fiscalía. “Una vez que José Pedro Castillo Terrones fue proclamado oficialmente ganador de la segunda vuelta electoral, la organización buscó copar y captar las instituciones públicas, en pro de acceder a espacios de poder económico y político”, señala.

Eficcop indica que Pedro Castillo se convirtió en el cabecilla de la organización luego de ser proclamado presidente. “Con la instalación de Geiner Alvarado López en el Ministerio de Vivienda, José Nenil Medina habría propuesto y exigido el financiamiento de obras para su municipio, así como de otras municipalidades a nivel nacional en los que previamente habría concertado con las diferentes autoridades”, señaló.

Con ello se habría buscado “direccionar las licitaciones a empresas y consorcios que son utilizados de fachada por la organización criminal investigada”.

La fiscalía considera que existió coordinación entre Geiner Alvarado y su entonces asesor Salatiel Marrufo, para que las obras solicitadas se incluyan en el Decreto de Urgencia 102-2021, promulgado el 29 de octubre de 2021.

La Fiscalía señala que la exprimera dama fungía de “promotora” o “coordinadora” de la presunta organización criminal. Su función era la de “coordinar y viabilizar los proyectos de inversión pública”. En ese sentido, se indica que Lilia Paredes actuó con “conocimiento” y “venia” de su esposo, el entonces presidente.