[OPINIÓN] Rafael Belaunde Llosa: Réquiem por la Defensoría

El origen histórico de la Defensoría del Pueblo se remonta a 1713 en Suecia, cuando el rey Carlos XII crea una institución para controlar a los funcionarios y cautelar los derechos ciudadanos frente a los actos de la administración pública.

La denominación original “Ombudsman” se podría traducir como “mediador”, “guardián” o “comisionado de la justicia” (justitie-Ombudsman). Esta institución se incorpora en el Perú, en la Constitución de 1993, con el objetivo de defender los derechos ciudadanos, supervisar la administración estatal y la eficiente prestación de los servicios públicos. Al no ser juez ni fiscal, sus informes y recomendaciones encuentran sustento en su poder de persuasión y en la fortaleza de sus argumentos.

Es por esta razón que el prestigio y autoridad moral frente a la opinión pública son los pilares de su poder e importancia. Ser y parecer apolítica e independiente frente al poder político es parte consustancial de su fortaleza.

Es el Congreso quien elige al defensor del Pueblo, se requieren 87 votos. Este alto estándar existe con la idea de que se elija a una persona de reconocida y consolidada trayectoria profesional, con una impecable foja de servicios y unas probadas credenciales democráticas, de modo que produzca un amplio consenso y confianza en la ciudadanía.

Desde 1996, año en que el Parlamento eligió al primer defensor del Pueblo, Jorge Santisteban de Noriega, únicamente dos de los cinco siguientes defensores fueron elegidos: Beatriz Merino y Walter Gutiérrez. Walter Albán y Eduardo Vega Luna fueron encargados y Eliana Revollar interina. Esto refleja lo difícil que ha sido en el tiempo encontrar consenso parlamentario en torno a una persona, pero refleja también que los anteriores Congresos prefirieron no lograr elegir, antes que elegir cualquier cosa o, al menos, que la Defensoría del Pueblo no se utilizara como moneda de cambio para contubernios, enjuagues y arreglos bajo la mesa.

Esas consideraciones parecieran haber terminado con la votación del 18 de mayo, la que produjo los votos suficientes para elegir un nuevo defensor, el mismo que carece largamente de la trayectoria profesional e independencia política que el puesto demanda.

Con ese mismo acto y en votaciones siguientes (la reconsideración y el blindaje a los llamados ‘Niños’), el Congreso ha puesto en evidencia que existe a lo largo del espectro político parlamentario un mercado de intercambio de favores y compromisos subalternos, donde la búsqueda de impunidad parece ser la mercancía más preciada.

Triste, lamentable, pero no sorprendente resultado, si entendemos que el Parlamento no puede producir algo significativamente diferente de lo que es: en este caso y con la excepción de 33 parlamentarios, muy poca cosa.