Albán sobre aportes de campaña: “Clase empresarial le debe una explicación al país”

Fecha Actualización

23/11/2019 - 15:36

El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, afirmó que las empresas que entregaron recursos a la campaña de Keiko Fujimori y otros candidatos le deben una explicación al país, tras conocerse sus declaraciones ante el fiscal José Domingo Pérez.

“Todavía estamos en shock y ante la evidencia de por qué debemos hacer reformas en la Ley Electoral, sobre todo en el tema de los partidos políticos. Hay que recordar también que el Congreso disuelto lo rechazó de plano; se repiten muchos de los errores que a la larga se tendrán que cambiar con el nuevo Congreso”, refirió.

"Ha sido muy crudo, duro de admitir y entender una serie de cosas que antes no tenían explicación clara, me parece que la clase empresarial peruana le debe una explicación al país", añadió en Radio Nacional.

Indicó que más allá de lo que se pueda establecer tras estas declaraciones, incluso a nivel de responsabilidades penales, hay una profunda carencia de ética, un problema que en el país se arrastra por décadas pero que ya no puede continuar.

"Parte del empresariado debe hacer un mea culpa y tratar de hacer una labor efectiva por cambiar y no hacer que la corrupción nos gane la batalla", afirmó.

Como se recuerda, Dionisio Romero Paoletti (Credicorp) reveló que entregó U$S3,6 millones para la campaña de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mientras que Vito Rodríguez (Grupo Gloria) dijo haberle entregado U$S200 mil.

Ambos empresarios, así como otros ejecutivos, confirmaron en los últimos días haber entregado donaciones a la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) para impulsar una campaña en favor de la empresa privada, durante la campaña del 2011.

MÁS FISCALIZACIÓN

Consultado sobre el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la entrega de dinero a los partidos políticos, Walter Albán enfatizó que no tiene todas las atribuciones que necesita.

Recordó que en el Congreso del gobierno de Ollanta Humala, uno de los legisladores que se opuso a darle todas las atribuciones a la UIF para el acceso a la información bancaria y tributaria fue Joaquín Ramírez, investigado por presunto lavado de activos.

“(Joaquín Ramírez) tuvo un destacado rol en ese Congreso en la oposición a la UIF con el pretexto de que vulneraba la intimidad, eso continuó en el Congreso disuelto. En un primer momento aceptaron darle atribuciones restringidas”, apuntó.

“Luego aceptaron darle atribuciones, pero muy restringidas. Hasta donde yo sé (...) tienen que pasar por un juez y centrarse en situaciones concretas. Esto limita muchísimo el rol que pueda cumplir y por ese lado no se le podría responsabilizar; allí hay otra reforma por realizar”, acotó Albán.

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