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Estado incauta a Vladimiro Montesinos vivienda de US$2 millones
El procurador Julio Arbizu explicó que se tomó posesión del inmueble gracias a la vigencia de la Ley de Pérdida de Dominio.
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El Estado tomó posesión de un inmueble que perteneció al exasesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, gracias a la aplicación de la Ley de Pérdida de Dominio, informó hoy el procurador anticorrupción, Julio Arbizu.
"Esta es la primera sentencia en la historia judicial del país en la pérdida de dominio, y esto tiene una importancia trascendental en la lucha contra la corrupción", destacó el funcionario.
El predio de Montesinos Torres, que está valorizado en más de US$2 millones, podría ser subastado o asignado a una institución pública, con todas las formalidades que la inscripción pueda determinar.
La sentencia fue emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción, a cargo del magistrado Segismundo León Velasco.
"Este es un predio adquirido en los años 90 por Vladimiro Montesinos a través de una serie de testaferros y empresas off shore también, que terminó en manos de una persona llamada Eduardo Gonzales Wolf", dijo Arbizu.
Indicó que Gonzales Wolf fue incluido en un proceso penal por encubrimiento, precisamente respecto de este bien, pero fue finalmente absuelto de los cargos penales en su contra en 2006.
Arbizu indicó que al ingresar a la Procuraduría advirtió que había una serie de "situaciones similares", es decir, personas que fueron absueltas o sobre las cuales habría prescrito la acción penal por efecto del paso del tiempo.
"Sin embargo, esas personas tenían formalmente la propiedad de predios o cuentas a su nombre que era imposible que el Estado pudiese recuperar", refirió.
En ese sentido, indicó que la Ley de Pérdida de Dominio permite que el bien que una persona procesada por delitos de corrupción preserva para sí, pase a dominio del Estado, en tanto se pueda determinar su ilicitud.
Refirió que el mecanismo de pérdida de dominio es una herramienta de lucha contra el crimen organizado que está previsto en convenciones internacionales de lucha contra la corrupción.
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