Fuerza Popular presenta proyecto de ley para que medios no sean dirigidos por acusados de corrupción

La bancada de Fuerza Popular ha presentado un proyecto de ley que impide que los investigados por la Fiscalía por presunto delito de corrupción en agravio del Estado puedan asumir todo cargo con responsabilidad en la línea editorial de un medio de comunicación.

La propuesta precisa que la norma alcanzará también a los sentenciados por delito de corrupción en agravio del Estado, quienes –señala– "no podrán ser directores periodísticos, editores, productores, presidente o miembro del Directorio, accionistas, gerente general o apoderado de un medio de comunicación".

El proyecto de Fuerza Popular agrega que serán "los ciudadanos" los que ejercerán la veeduría en la conducción de los medios de comunicación "como un mecanismo legítimo que garantice su derecho a la información neutral, objetiva y desinteresada que deben ejercer los medios de comunicación dentro de la libertad de expresión y de prensa".

En su parte considerativa, la iniciativa –que tiene como autoras a las parlamentarias fujimoristas Alejandra Aramayo y *Úrsula Letona*– reseña que "el país está afrontando una fuerte crisis institucional" no solo por las denuncias de corrupción contra empresas brasileras sino porque las investigaciones al respecto, dice, alcanzan a altos funcionarios como el ex presidente Alejandro Toledo.

En declaraciones a Perú21, Úrsula Letona sostuvo que lo que busca el proyecto es preservar el bien jurídico del derecho a la información y evitar, dijo , que una persona involucrada en delito de corrupción "incida en la línea editorial de un medio de comunicación, desviando la atención respecto de hechos de corrupción".

"Hemos visto que hay muchas personas involucradas en las investigaciones penales por graves hechos de corrupción que ha habido en el país y que, de cierta manera, tenían relación con algunos medios lo que podría perjudicar el desarrollo de las investigaciones", explicó.

Letona añadió que ya la Ley de Telecomunicaciones establece que cuando una persona es inhabilitada para contratar con el Estado o comete delito doloso pierde el derecho de concesión. "Lo que estamos haciendo es cerrar el círculo y proteger el derecho a la información", insistió.

"Lo que buscamos es que se inicie la discusión y que los medios de comunicación, que tienen la labor tan importante de informar objetivamente y destapar casos de corrupción, se vean lo más protegidos frente a personas que tienen ya una sentencia por delito de corrupción o que se encuentran investigadas y buscan infiltrase en los medios para diluir estas denuncias", manifestó la legisladora.