En el Congreso plantean crear 15 universidades en medio de la crisis

Según pudo conocer este diario, del 2 de junio al 23 de octubre se han presentado 15 proyectos que proponen crear nuevas universidades públicas y filiales. Las iniciativas fueron presentadas por parlamentarios de Alianza para el Progreso (5), Somos Perú (2), Acción Popular (2), Frepap (2), Podemos (1), UPP (1), entre otros.

A raíz de todas estas iniciativas, el pasado 23 de octubre, Dioses, muy apuradito, anunció que convocará “lo más pronto posible” a una sesión extraordinaria para que todas estas propuestas para crear nuevas universidades sean sustentadas.

“Los congresistas han presentado los proyectos en pleno ejercicio de su derecho de iniciativa legislativa para crear universidades en varias de sus regiones y han pedido que se agende para exponer cuáles son las necesidades”, expresó Dioses a Perú21.

La exministra de Educación Marilú Martens expresó a este diario que los proyectos no tienen sentido, dado que, para crear universidades públicas, estas deben respaldarse con sustentos técnicos y presupuesto, el cual está disminuido por encontrarnos en plena crisis de la pandemia del COVID-19.

“Son propuestas que van contra la Ley Universitaria y la decisión del Tribunal Constitucional, que señala que cualquier propuesta debe estar sustentada por instituciones como el Ministerio de Economía y de Educación”, explicó.

En el mismo sentido se pronunció el exministro de Educación Idel Vexler. “Espero que no prospere ninguna iniciativa. Hay que estar atento para que no se creen instituciones sin presupuesto y sin aseguramiento futuro de condiciones de calidad en estos centros de estudio, y que respondan a las necesidades fundamentales de cada región”, aseveró.

Martens agregó que las propuestas evidencian que los congresistas “no están trabajando por la búsqueda de una educación de calidad. Puede haber actores que promueven estas actitudes cuando estamos en plena época electoral. Crear universidades da réditos políticos y esa puede ser una de sus motivaciones”, acotó.

“Podría ser que las han presentado por estar en campaña. Son varias iniciativas que se enmarcan en el populismo político, así que, por eso mismo, dudo de que prosperen los proyectos”, agregó Vexler.

Por su lado, Dioses defendió las iniciativas (dos de ellas de su autoría) y aseguró que no existe ningún tipo de conflicto de intereses. “La comisión tiene un fin genuino de acercar la universidad pública en regiones donde no las hay. Pero si el tema de preocupación es que se creen universidades como en su momento lo hizo la Sunedu habilitando filiales en una ventana de la moratoria, no lo vamos a hacer”, expresó.

Esta situación ha tomado lugar mientras no se ha puesto en debate del Pleno un dictamen que amplía la moratoria de creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades por dos años y de filiales por tres años, excepto las públicas.

Esta iniciativa surge de dos proyectos, uno presentado por el Poder Ejecutivo y el otro del congresista Moisés Gonzales (antes APP).

Precisamente, el dictamen se aprobó el 30 de junio (¡hace 120 días!) y desde entonces no se ha elevado al Pleno. Empero, adonde sí fue a parar, aunque no tiene relación con gastos ni inversión, es a la Comisión de Presupuesto, presidida por Humberto Acuña (APP), hermano del dueño de varias universidades en el país. El martes último fue aprobado el dictamen.

En tanto, Dioses mantiene en pie que de todas maneras realizará una sesión extraordinaria para debatir en el grupo de trabajo que preside la creación de universidades, creando quizás falsas expectativas en regiones y ciudadanos que son vistos como potenciales votos.

Los 15 proyectos que buscan crear nuevas universidades y filiales no son prioritarios según el exministro de Educación, Daniel Alfaro, quien, además, advierte que el dinero que se puede invertir para crear nuevos centros de estudios debería ser utilizado en reforzar aquellos que ya tienen licencia.

Considero que no son prioritarias. Crear nuevas universidades no vendría a ser tan necesario como fortalecer las actuales y así mejorar la demanda. Ese es el principio y razón de la ley de moratoria: permitir que todo el sistema se consolide antes de que siga creciendo. Y cuando se logre, es porque se cumplió con las condiciones básicas de calidad para consolidar el sistema, y recién después crear nuevas universidades.

Lo prioritario debe ser la aprobación de la ley de moratoria porque ahora el sistema universitario tiene otros temas que debe atender, como las complejidades de la pandemia. Primero, las dificultades que tienen los universitarios de continuar sus estudios; y segundo, facilitar el traslado de estudiantes que deben seguir sus clases en otros centros de estudios porque le denegaron las licencias.

Habría que evaluar las intenciones detrás de cada uno de estos proyectos para identificar motivaciones que no persiguen velar por el bien superior público y consolidar el sistema educativo.

Si se desea crearlas, se empieza con un proceso de absorción de recursos públicos para construir las condiciones que se necesita para convocar a una primera promoción. Pero ahí es donde consideramos que es mejor asignar esos recursos para fortalecer a las universidades actuales y tengan así un impacto directo para atenuar los efectos de la pandemia en el sector.

Lo que podría pasar es que se generen filiales de las universidades licenciadas porque eso podría abrir la demanda por denegatoria de oferta.

Si es que el recurso no se está dirigiendo hacia donde más lo necesita la reforma, se pone en peligro. En el país, donde los recursos son escasos, no se pueden distraer en fines que no son mejorar la calidad educativa. Eso atenta contra la reforma.