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“Culpables de Escuadrón de la Muerte siguen prófugos”
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El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual sobre prácticas de derechos humanos de cada país durante 2022. Respecto del Perú, el documento resalta el caso del Escuadrón de la Muerte, un grupo paramilitar formado en el interior de la Policía Nacional y cuyos principales cabecillas, ya condenados, siguen prófugos.
Durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala se descubrió la existencia de un grupo de efectivos de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) de la Policía que se encargaba de crear operativos con información falsa para ejecutar civiles y lograr ser condecorados, recibir dinero o ser ascendidos. Este grupo operó desde 2012 hasta 2015, periodo en el que asesinó a 32 civiles en nueve operativos en cuatro lugares distintos del país.
El caso se inicia en 2012, cuando se descubren los cuerpos de oficiales PNP con heridas de bala. El Escuadrón de la Muerte, entonces desconocido, alegó que sus colegas planeaban secuestrar a un empresario y por ello fueron abatidos en combate. Esto generó el aplauso de la población, así como de otros miembros de la PNP.
Sin embargo, el entonces coronel –jefe de la Diviac hasta diciembre último–, Franco Moreno Panta, denunció que Israel Moreno Goyeneche, su medio hermano, un simple teniente, fue asesinado por el Escuadrón de la Muerte. La denuncia se dio a conocer en aquel entonces por el programa televisivo Mira Quién Habla, conducido por Cecilia Valenzuela en Willax TV.
El jefe y cabecilla de la operación era Raúl Prado Ravines, quien, como señala el informe del Departamento de Estado, fue condenado a 35 años de prisión en marzo del año pasado. Asimismo, Carlos Llanto, exagente de Inteligencia, y Williams Castaño, exsuboficial, también recibieron 35 años, y otros oficiales penas menores.
Sin embargo, EE.UU. recuerda que el paradero de Ravines, Castaño y Llanto es desconocido hasta ahora. Quienes se encuentran en la clandestinidad desde 2019.
Buscan impunidad
El exministro del Interior Rubén Vargas le dijo a Perú21 que no se le ha pedido explicaciones a quienes ejercieron como titulares de esta cartera durante el gobierno de Ollanta Humala, a los que consideró responsables políticos. “¿Cómo es que durante sus gestiones se produjeron ejecuciones extrajudiciales con el argumento de que estaban luchando contra el crimen organizado?, cuestionó.
Vargas señaló que incluso el general involucrado con este grupo ilegal fue reincorporado en el servicio y fue ascendido.
“Reincorporaron en el servicio activo al general Vicente Álvarez, y lo ascendieron a teniente general. Y como teniente general, se convirtió en el subcomandante general de la PNP, a pesar de su involucramiento directo en los casos de las ejecuciones extrajudiciales”, precisó.
Vargas señaló que el caso no tuvo la importancia que ameritó e incluso dijo que se busca negar que sean violaciones de DD.HH.
“Muchas organizaciones de DD.HH., por alguna extraña razón, nunca se interesaron en la defensa de las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales. Entonces, pretenden que sigan siendo como hechos de naturaleza policial, o de exceso de uso de la fuerza de la PNP”, aseguró.
El exministro del Interior indicó que para el expresidente Pedro Castillo el caso “no tenía ninguna importancia y promocionó al general (Álvarez) que protegía al grupo operativo”. Asimismo, resaltó que la captura de los involucrados requiere de voluntad política e instó a la presidenta Dina Boluarte a tomar la iniciativa, debido a que “a nivel policial, el mensaje fue absolutamente equivocado”.
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