Christian Salas: "Vemos en la Fiscalía reacciones tardías"

Tras completarse casi un año desde que Odebrecht admitió en EE.UU. que pagó sobornos en Perú, para el ex procurador anticorrupción Christian Salas, la labor de la Fiscalía para hallar a los culpables ha sido muy lenta y carece de una estrategia efectiva.

¿Para usted, la Fiscalía investiga a todos los involucrados en el caso Lava Jato?
No. Como a cualquier ciudadano, lo que nos queda claro es que no todas las personas, naturales o jurídicas, que deben estar comprendidas están siendo investigadas. Vemos un conjunto de actividades del Ministerio Público que se desarrollan debido a la información que llega del extranjero. Lamentablemente, lo que vemos son reacciones tardías y, en algunos casos, omisiones y silencios que generan dudas.

¿Se refiere a las empresas que se asociaron a Odebrecht para ejecutar obras?
Sí. Odebrecht y empresas vinculadas a ella han tenido ventajas que les han permitido cierta impunidad hasta el momento.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, aseguró a Perú21 que sí se investiga a las socias de la firma brasileña.
Las empresas, como tales, no son sujetos de una investigación, son personas jurídicas que en proceso penal pueden recibir sanciones, pero de tipo pecuniarias. Se debe investigar a los empresarios, los directivos de estas compañías. ¿Qué tipo de medidas se han aplicado contra ellos? Por lo pronto, en los casos Humala y Toledo, no se ha dictado ninguna medida.

Directivos de Graña y Montero dijeron en octubre pasado (y ayer lo reiteró la firma) que la Fiscalía no los investiga.
Es lo que preocupa. Hay que investigar a las personas, no a las empresas. Porque las que cometen delitos son las primeras.

¿Eso demuestra lentitud en las investigaciones o incompetencia?
Se presta a demasiadas suspicacias. Hay que señalar esas omisiones, esas situaciones que parecen irregulares, para que el Ministerio Público esté alertado desde ya y corrija lo que hay que corregir.

¿Cree que la última modificatoria del Congreso al DU 003, que dicta la retención de utilidades a las socias de Odebrecht, es una medida oportuna para garantizar la reparación civil?
Cuando se emitió este decreto, a inicios de año, cuestionamos que no se incluyera a las empresas consorciadas. De aquel entonces a la fecha, esas compañías han movido capital, han dispuesto su patrimonio y, sin duda, hay una afectación a la pretensión civil de la Procuraduría. Esta es una medida altamente tardía y, estoy seguro, ineficaz a estas alturas.

¿Por qué ineficaz?
Porque si uno busca patrimonio, ya no encontrará un gran patrimonio. A estas alturas, las acciones de esas empresas ya han disminuido y no tienen el valor de lo que tenían meses atrás. En este caso, el cuestionamiento no sería a la Fiscalía, sino al Ejecutivo, porque el decreto lo emitió este último.

¿Y cree que ha tenido el efecto deseado?
Lo que se debió priorizar es preservar el erario nacional y garantizar el pago de la reparación civil, que es el espíritu de este decreto. Lamentablemente, la ejecución de este DU ha sido parcial. Hoy estamos viendo que recién se han dado cuenta del error y lo incompleto de esa norma después de meses.

¿Cómo explica que, después de un año de negociaciones, el fiscal Hamilton Castro aún no pueda cerrar un acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata?
Uno de los pretextos que se habrían presentado en esa colaboración es que la defensa de Barata exige una inmunidad total porque ya existe un acuerdo de colaboración en Brasil, que le garantiza que no puede ser investigado en otros procesos. Sin embargo, en el Perú no se puede acatar eso, porque acá un colaborador tiene que ser investigado, procesado y condenado. Entonces, no es posible hacer lo que pide Barata. Un acuerdo de inmunidad es imposible pactar con este tipo de empresarios.

Pero Barata es la principal fuente de información para la Fiscalía.
Empresarios como él le ganaron el vivo a la Fiscalía. Se debe tener claro que las declaraciones de los postulantes a colaborador eficaz son de delincuentes que buscan obtener el mayor beneficio. Así hay que tomarlas. Estos son empresarios millonarios, con grandes negocios. Obviamente tienen calculada la información que van a dar. Hay que tomar con pinzas estas versiones.

¿Cree que la Procuraduría pudo tener mayor protagonismo en este caso?
En la Procuraduría faltó un líder que haga respetar la autonomía y las estrategias de investigación. Lamentablemente, el Estado, a través de la Fiscalía y el Poder Judicial, entorpecieron la labor de los procuradores anticorrupción. La Fiscalía requiere de un apoyo de suministro de información y la Procuraduría hubiera apoyado de manera muy relevante.

La Procuraduría fijará la reparación civil por obra en la que participó Odebrecht. ¿Es adecuada esa medida?
Fijar la reparación civil no es un gran esfuerzo, solo es hacer un cálculo. Acá lo que se debe hacer es ayudar al Ministerio Público.

- “Soy abogado penalista y director de la firma Salas Beteta Abogados, conferencista nacional e internacional, y presidente de la Escuela de Litigación Oral. El hecho de no entender y comprender la dimensión del caso Lava Jato hace que un investigador puede cometer errores”.

- “Lo primero que hizo Odebrecht fue acercarse a la Fiscalía y cerrar ese famoso acuerdo secreto que nadie sabe de qué trata. Con eso han bloqueado acciones como los allanamientos, no solo a sus oficinas, sino también a las de otras empresas”.

- “La acusación contra el fiscal de la Nación es un disparate, una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza, basta con tener un poco de conocimiento de los roles del Ministerio Público para darse cuenta de ello. Si hay que cuestionar algo, es al fiscal del caso, no a Pablo Sánchez”.