Palma aceitera: la industria que se abre paso en la selva peruana

El aceite de palma está presente en la vida diaria. En los helados o postres de una panadería, y también en los artículos de aseo personal o en comida para mascotas.

Según información de Agrorural, los suelos de Ucayali, San Martín, Loreto y Huánuco ofrecen las condiciones necesarias para su sembrado.

Precisamente, son estas regiones las tienen alrededor de 31,500 hectáreas de selva para este cultivo, de acuerdo a una investigación hecha en 2018 por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).

Para Federico Dueñas, doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y docente en la PUCP, la palma aceitera es una promesa productiva para el Perú, pero –advierte– debe ser regulada para evitar la deforestación.

“Hay que tomarlo con cuidado. Si la estrategia es producir palma a costa de deforestar el bosque amazónico, no estamos haciendo nada”, dijo Dueñas en diálogo con Perú21.

Añadió que la producción de la palma debe desarrollarse bajo una estrategia de conservación y reforestación. “Así podría ser una solución. Siendo un negocio ecoamigable que nos podría dar ventajas competitivas en el mundo”, señaló.

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida) impulsó proyectos de palma aceitera como un cultivo alternativo a la hoja de coca y de esta manera combatir el narcotráfico.

Al 2020, las plantaciones de palma aceitera alcanzaron 95,134 hectáreas en todo el país, según reportó la Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú (Junpalma Perú).

El abogado especialista en derecho ambiental César Ipenza Peralta resaltó que es vital aprovechar el cultivo de la palma como alternativa a la hoja de coca, al igual que otros productos como el cacao y el café. “Cualquier actividad que se desarrolle, así tenga un potencial o beneficios económicos tremendos, debe hacerse respetando la ley y el derecho de todos”, afirmó Ipenza a este diario.

Perú21.TV viajó a Ucayali para conocer directamente la situación alrededor de la palma aceitera. Durante tres días, visitamos comunidades que tienen una posición muy clara frente a esta industria que se expande cada día más.

El primer destino fue Santa Clara de Uchunya. Allí el jefe de la comunidad, Wilson Barbarán Soria, destacó que la palma aceitera sirvió para alejarse de sembríos ilegales. “Sembrar hoja de coca sí daba trabajos, pero no era legal y era un temor constante que en cualquier momento llegaría la Policía Nacional”, mencionó.

El dirigente anotó que la palma aceitera ayudó a tener nuevas opciones para el desarrollo de su territorio. “Todo el tiempo no vamos a estar en la misma situación, por eso buscamos nuevas alternativas”, destacó Barbarán.

Luego de un extenso camino de trocha, se encuentra Shambo Porvenir, comunidad dedicada principalmente a la pesca y a la cosecha de yuca o plátano. No obstante, los moradores decidieron probar con el nuevo cultivo y crearon el Comité de Palma Aceitera para sembrar este fruto.

“Estamos teniendo buenos resultados (...) Estamos beneficiando a comuneros y también se da más oportunidad de trabajo”, aseguró Bruno Tangoa, jefe de la comunidad.

El mismo sentir manifiesta Amelia Pacaya, jefa de la comunidad de Kokama de Kurimaná, quien enfatizó que el cultivo de la palma aceitera mejoró la calidad de vida de sus vecinos.

“Nuestros hijos tienen una mejor alimentación porque ahora vendemos la palma y tenemos nuestras propias hectáreas”, puntualizó.

Ante esta prometedora industria, el Estado debe encargarse de velar por el carácter sostenible en lo ambiental, social y económico. Por ahora el narcotráfico ha tenido que retroceder debido al avance de la palma aceitera esto en beneficio de las familias que antes vivían amenazadas muy lejos de un Estado que olvida fácilmente a sus pueblos.