El Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) busca afanosamente su propia institucionalidad. Aún no la encuentra. Curiosamente no son factores externos los que se lo impiden, sino sus propias implosiones y guerras intestinas.

Mucho tiene que ver la forma de elegir a sus magistrados y su propio origen académico, personal y profesional. Cuando el Congreso no se pone las pilas y el partidismo gana a la trayectoria, tenemos el resultado que tenemos. Gente mayor sin ninguna trascendencia constitucional, personajes que no llegaron a ser jueces titulares de primera instancia o personajillos con serios problemas de personalidad, egos anormales y total impunidad para atribuirse méritos, grados académicos y títulos que jamás han ganado.

Es inverosímil que una integrante del Tribunal Constitucional se pasee por todos los medios de comunicación denostando a sus colegas y haciendo alegatos de defensa cuando debía asistir a las audiencias en Arequipa. Y todo porque un fallo no fue de su agrado y su posición quedó en minoría.

O que se filtren permanentemente los votos violando la reserva impuesta por la ley. Eso no se ve en ningún tribunal del mundo.

Es inadmisible que a costa del erario nacional otro integrante de ese organismo pretenda pagarse los estudios de posgrado que no hizo –y que juró haber hecho– mintiendo groseramente. Es reprochable que aquel se enferme o viaje justo cuando se ven temas emblemáticos, eludiendo burdamente sus responsabilidades.

El TC se erige por encima de todas las demás instituciones de la democracia para decir qué es y qué no es constitucional. Eso debería saberlo el presidente del Poder Judicial. Además, fija parámetros morales, de conducta, líneas democráticas y de derechos humanos a seguir. ¿En esas condiciones podrá hacerlo? ¿Para eso han jurado la Constitución?

Sus enemigos internos deben cesar su pernicioso accionar, a menos de un año de que venza su mandato, con pena y sin gloria.