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El tema de hoy: Retos fiscales
“Pablo Sánchez empieza a jugar los descuentos al frente del Ministerio Público, cargo al que llegó en medio de una aguda crisis institucional”.
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Pablo Sánchez empieza a jugar los descuentos al frente del Ministerio Público, cargo al que llegó en medio de una aguda y preocupante crisis institucional. Eran inicios de 2015 y su antecesor, Carlos Ramos Heredia, había sido destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura por inconducta funcional en el caso ‘La Centralita’, una red de corrupción encabezada por el entonces presidente regional César Álvarez.
Tres años después, la Fiscalía de la Nación se alista para una nueva gestión que deberá seguir con el reto de la lucha frontal contra la corrupción –que tiene como su caballito de batalla el caso Lava Jato–, pero que tendría también que extender su visión a otros temas, como la lucha contra la violencia de género, que merecen atención prioritaria.
Sobre el primer caso, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha expresado su confianza en que no haya ningún cambio en el tratamiento de casos complejos como el de Lava Jato, que, por sus intrincadas ramificaciones a lo largo de cuatro gobiernos, exige un manejo prolijo de la información que garantice celeridad en el avance de las indagaciones. Y eso es, precisamente, lo que se rumorea que habrá en la próxima administración del Ministerio Público, por lo que el sucesor de Sánchez –que podría ser el fiscal supremo Pedro Chávarry Vallejos– tendrá que hilar fino para no retroceder en todo lo actuado.
Pero el escenario va más allá. En los últimos tiempos, algunos fiscales se han colocado bajo la lupa ciudadana por su falta de criterio a la hora de actuar. Ahí está el fiscal que liberó a los integrantes de una banda; también el que le abrió las rejas al violador de una niña con retardo mental alegando, ¡increíble!, que la víctima no gritó y, por lo tanto, el caso no calificaba como violación.
En esos casos, como en los primeros de corrupción, es necesario trabajar no solo diligentemente, sino también de forma oportuna y para ello, entre otras cosas, la Fiscalía requiere del respaldo del Ejecutivo y del Congreso traducido en más presupuesto, respeto a la autonomía de poderes y colaboración, pero en hechos, no solo en palabras.
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