El tema de hoy: La isla de la Av. Abancay

Hasta ahora sigue siendo incomprensible que la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría, que se publicitó como la tan ansiada norma que mantendrá a raya a la corrupción en el Estado, regirá para toda entidad pública menos para el Congreso. Lo más contradictorio es que en la propia ley se señale expresamente que el Parlamento “está exceptuado” de este control. ¿Por qué ese trato exclusivo? ¿Los congresistas, a través de sus órganos administrativos, acaso no manejan también recursos públicos? El contralor Nelson Shack ha dicho ayer que la norma no exonera al Legislativo del ámbito de control de su institución, pese a que él mismo reconoce que se incluyó la exclusión.

Este hecho no despertaría tantos cuestionamientos si el Congreso, dominado por Fuerza Popular, no hubiera demostrado anteriormente que no es bueno (o, más bien, que es muy generoso) con las licitaciones, como ocurrió con aquella compra directa de casi 1,000 computadoras por la sobrevaluada suma de 5 millones de soles.

De acuerdo al artículo 82 de la Constitución, la Contraloría es el órgano superior del Sistema Nacional de Control al que toda entidad del Estado está sometida. Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto público, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. Ahora, de acuerdo con el artículo 39 del Reglamento del Congreso, es la Mesa Directiva la que nombra, a propuesta del presidente, al auditor general del Parlamento. ¿Pero qué hizo este funcionario cuando se destapó la compra de canastas navideñas en 2016? Todos esos millonarios gastos salen de los bolsillos de los peruanos. Estamos, por ello, en el derecho de exigir transparencia.

El auditor del Legislativo nombrado a dedo puede convertirse fácilmente en un operador político del poder parlamentario de turno, actualmente en manos del fujimorismo. El Poder Judicial también es un poder del Estado y sus compras están sujetas al control estricto de la Contraloría. ¿Por qué no el Congreso? El que sean los legisladores los que designen al alto funcionario que dirige a la Contraloría no es hipoteca ni impedimento para supervisar sus cuentas. El Parlamento no es una isla ni la chacra de nadie.