Rescatemos a nuestros estudiantes necesitados

Marisa era, hasta este año, una prometedora estudiante de sistemas en un instituto privado, y la única mujer en su promoción. De niña, siempre estuvo entre los primeros puestos, terminando el colegio a los 15 años.

Uno habría esperado verla triunfar rápidamente en el mundo universitario, pero no fue así. Una combinación de dramas personales, falta de dinero y problemas de orientación le hicieron perder tiempo. No obstante, logró, con mucho esfuerzo, retomar sus estudios en el campo que le apasionaba.

Cuando la pandemia empezó, Marisa estaba a dos ciclos de acabar la carrera. Lamentablemente, con la declaratoria de emergencia sanitaria, cesaron las clases presenciales. Continuar en clases virtuales habría requerido material de cómputo avanzado, totalmente fuera de su alcance.

Aunque el instituto le había otorgado una beca parcial debido a sus buenas notas, no le perdonó la deuda existente, y se negó a darle facilidades para adquirir el material informático –no obstante pertenecer a un grupo empresarial con mucha espalda–. Así, la prometedora estudiante tuvo que abandonarlo todo.

El Estado, por su parte, tiene un programa llamado Beca de Continuidad, pero para acceder a él es necesario haber sido declarado elegible para uno de los bonos de subsistencia creados con ocasión de la crisis del COVID-19. Desafortunadamente, la familia de Marisa no aparece en el radar del padrón de la pobreza –a pesar de que vive bajo un techo de calaminas–. De la misma manera, muchos estudiantes con buen desempeño académico y verdaderas dificultades económicas han quedado excluidos de esta ayuda, lo que ha generado enorme frustración y un sentimiento de injusticia en muchos.

¿Qué pasará entonces con Marisa? Será una recluta más para el sector informal, por supuesto. Y no será por un tiempo limitado, como para retomar los estudios más tarde, ya que en su casa, que ha sufrido de pleno el impacto de la crisis y no ha recibido ayuda del Estado, alguien va a tener que parar la olla de manera más o menos permanente. Pasará así el tiempo. Marisa se olvidará de lo que aprendió. Si algún día retoma los estudios, probablemente estará desaventajada en su ingreso al mercado laboral por ser mayor que el promedio. Es el ciclo infernal de la pobreza en todo su esplendor.

Así como Marisa, hay miles de estudiantes peruanos que se verán forzados a abandonar sus sueños de superación. Debería ser motivo de introspección para todos nosotros, en un país donde hay tanta necesidad de personal técnico calificado, que dejemos que se desperdicie el talento, sea por mezquindad o por rigidez burocrática.

El problema, empero, es solucionable. Esta es una buena ocasión para que el sector privado demuestre mayor proactividad social. Como ya he mencionado en otro artículo, el empresariado peruano sufre de baja consideración tanto entre la población como entre los políticos y la prensa –algo que se refleja en la actitud erróneamente reacia, por parte del Gobierno, de trabajar con él en el diseño de las medidas de lucha contra la pandemia–.

Si los empresarios queremos tener mayor participación, debemos demostrar a la sociedad que somos una fuerza para el bien, más allá de lo obvio, que es la creación de empleo, y de obras caritativas puntuales y sobre las que el grueso de la población no oye hablar.

En ese sentido, sería auspicioso que el sector se planteara, para empezar, la misión de resolver el problema de la continuidad estudiantil. Para ello, se podría crear un sistema de becas completas para estudiantes del quinto superior en campos que los gremios empresariales consideren esenciales. Las cámaras de comercio en Francia, por ejemplo, manejan hace años generosos programas de becas.

Las ayudas que propongo se otorgarían por mérito y con menos papeleo en la demostración de dificultades financieras, evitando así caer en la misma trampa que la burocracia estatal, en la que vienen a morir tantas buenas intenciones.