Puestos por el partido

Que la emergencia del COVID-19 ha dejado a muchos ciudadanos sin su puesto habitual de trabajo es un dato incontrovertible. Pero que la calle esté dura, como suele decirse en criollo, no debería ser razón para que un poder del Estado como el Congreso de la República pase a convertirse en beneficencia para fujimoristas desempleados. Máxime si ha sido la voluntad popular la que impidió su retorno al hemiciclo, a través del exiguo voto que logró su partido en las últimas elecciones, debido justamente a su desempeño político en el Parlamento que se disolvió, adonde llegaron, no lo olvidemos, en calidad de abrumadora mayoría.

Perdida esa mayoría y reducidos ahora a una pequeña bancada, en la que, en últimas, solo se oye la voz de Martha Chávez, en el partido de la señora K. Fujimori parecen creer que la mejor estrategia para, al menos, dar la impresión de que son más numerosos y que han vuelto, si es que no a las andadas, por lo pronto al local de la Plaza Bolívar, es a través de la contratación de sus excongresistas, pagándoles de paso altos sueldos con el dinero de todos los peruanos.

Así es como en estos pandémicos días vemos que la planilla de asesores de Fuerza Popular, y de las comisiones que presiden, se abulta con los nombres de Luis Galarreta, Milagros Salazar y Karina Beteta, todos largamente curtidos en las maniobras dilatorias, blindajes a delincuentes, censuras absurdas a ministros y el obstruccionismo con que hicieron tristemente célebre al Congreso del que fueron parte.

Por mencionar solo un caso, ¿cómo es posible que la señora Beteta asesore nada menos que a la Comisión de Inteligencia? No solo porque expertos en seguridad –investigadores, exjefes de la Digemin– se han pronunciado, extrañados, ante el nombramiento de una persona sin ningún conocimiento o experiencia en el tema, sino por la propia trayectoria del personaje, en las antípodas de la capacidad de análisis y el, vamos a decirlo así, raciocinio claro que requiere el puesto.

Solo un profundo desprecio por el sistema democrático puede explicar contrataciones tan marcadamente partidistas. El Poder Legislativo se falta el respeto a sí mismo permitiéndolas o haciendo la vista gorda para no contravenir acuerdos bajo la mesa.