[OPINIÓN] Richard Arce: “Otra vez se equivocan en el gobierno”

Se está generando una especie de aversión a la anunciada nueva ‘toma de Lima’, nombre con el que han denominado en Puno a esta nueva convocatoria a una movilización ciudadana en protesta contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, pidiendo adelanto de elecciones.

Se entiende que nadie quiere volver a vivir un clima de confrontación en el país, que prácticamente polarizó y generó una espiral de violencia que ha tenido consecuencias lamentables, empezando con las decenas de familias enlutadas por las muertes a consecuencia de las protestas que se exacerbaron y llegaron a estos límites impensados.

No vamos a avalar ningún acto de vandalismo que perturbe la tranquilidad pública, tampoco la destrucción de infraestructura pública o privada bloqueando las carreteras para tener sitiadas varias ciudades. Pero de la misma manera, no queremos más agresiones entre civiles, aprovechando la turba para golpear a los que se oponen a la protesta. Sobre todo condenamos la respuesta violenta que se ha evidenciado con varios casos de violaciones a los derechos humanos en la represión policial y militar y que hasta hoy exige justicia para las víctimas.

Dicho esto, está clara la posición por la paz social y el diálogo, pero también se tiene que entender que la protesta es un derecho legítimo de la población para manifestar la disconformidad con las autoridades que han venido degradando la función pública de representación, como lo hace el Congreso, día tras día con todos los actos de ignominia y el encubrimiento a presuntos delincuentes y que, además, parecería que habría una complicidad desde el gobierno.

Por eso es negligente que el premier Otárola salga a relacionar la legítima manifestación de la población con el terrorismo, utilizando el caso de la llamada ‘camarada Vilma’. Ese tipo de mensajes lo que hace más bien es provocar a sectores radicales que fácilmente se infiltran en las movilizaciones y les dan el argumento que estaban buscando para acciones violentas.

Si la clase política que nos gobierna no se da cuenta del problema de fondo y pretende deslegitimar la protesta, lamentablemente estaremos condenados nuevamente a un nuevo estallido de violencia. El camino es otro: el diálogo, los gestos de confianza, la apertura y sobre todo que el gobierno dé un giro escuchando el clamor popular.