[OPINIÓN] Rafael Belaunde Llosa: “Limbo del Reinfo-Parte 1”

“El Estado protege y promueve la pequeña minería y minería artesanal, así como la mediana minería, y promueve la gran minería” es lo que se lee en el numeral III del artículo 4 de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.

Sin embargo, la normatividad existente ni protege ni promueve la pequeña minería y minería artesanal, sino todo lo contrario. El marco legal está dirigido hacia la mediana y gran minería, y constituye —en la práctica— una muralla infranqueable para que una enorme cantidad de mineros artesanales y pequeños mineros operen en la formalidad.

Tal como ocurre con otras actividades económicas, la informalidad es el resultado de un sistema legal que impone una valla normativa irrealistamente alta, excluyendo así a quienes de otro modo sí participarían de la formalidad. Basta revisar la lista de más de 22 requisitos para darse cuenta de ello.

Los mineros informales muchas veces operan en zonas expresamente prohibidas como áreas protegidas o en concesiones mineras ya adjudicadas a terceros. En esos casos, la actividad informal se convierte en minería ilegal.

En 2016, para resolver esta problemática, se creó el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un padrón administrado por el MINEM que agrupa a operadores mineros informales de pequeña minería y minería artesanal. Firmando una declaración de compromiso de formalización, el minero informal ingresaba al Reinfo, iniciando supuestamente el camino hacia la formalización. Mientras estuviese en el Reinfo, quedaba eximido de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal.

Si bien el Reinfo se creó como un mecanismo de formalización, la falta de reformas a la compleja normatividad y la ausencia de incentivos correctamente alineados la hace imposible. De los 88,041 Reinfos, solo el 11% logró formalizarse, con lo cual el resto quedó suspendido en un limbo legal, que favorece la ilegalidad y otorga una especie de patente de corso para comercializar mineral de origen ilegal y, en muchos casos, directamente robado a punta de sangre y fuego.

Extender los plazos de formalización —como reiteradamente hace el Congreso—, lejos de resolver, agudiza los problemas y promueve mayor ilegalidad. Se debe atacar el problema de fondo con reformas realistas que hagan viable la formalización, reduzcan la ilegalidad y permitan a las autoridades aplicar la ley.

Tener control del procesamiento y comercialización de mineral informal es central, así como la trazabilidad de su origen, pero esto debe venir acompañado también de reformas que terminen con el acaparamiento y especulación de áreas, donde los titulares de concesiones no exploran ni explotan mineral, una enorme simplificación normativa, mejor delimitación de áreas intangibles, mecanismos que promuevan el entendimiento entre los operadores informales y los titulares de las concesiones, y otras medidas que estarán explicadas en una segunda columna sobre este tema vital.