[Opinión] Juan José García: “El ignorado problema del Perú”

Como resultado, se perdió la vida más de 50 personas –entre ellas, un policía calcinado sin piedad–, se intentó tomar infraestructura estratégica (como aeropuertos), se atacó más de una docena de sedes del Poder Judicial y diversas empresas y se mantienen bloqueadas por más de 74 vías a nivel nacional, entre otras cosas.

Esta protesta podría entenderse, hasta cierto punto, si fuera motivada por las amplias demandas sociales desatendidas como la falta de agua potable o la precariedad de hospitales. El detalle es que esto no es lo que piden los que protestan, a quienes solo les interesa la renuncia de Dina Boluarte, unas elecciones a la apurada y una Asamblea Constituyente.

Ante esto, cabe preguntarse: ¿si se cumplieran las exigencias del pliego político de quienes hoy paralizan al país, se podría esperar que la situación de vida de los que se manifiestan por genuina indignación mejore significativamente en los siguientes años?

Evidentemente no, porque la pésima situación en provincias es responsabilidad de los gobiernos regionales y locales, que han nadado en sendos recursos públicos, pero fueron incapaces de utilizarlos para mejorar la vida de sus ciudadanos. Por ejemplo, en Punto entre el 2016 y el 2022, los gobiernos regionales y locales dejaron de ejecutar 3,143 millones de soles en inversión de obras públicas, de un presupuesto total de S/9,348 millones (MEF).

Esta situación, desconocida por la gran mayoría de quienes protestan, no se corregirá con un proceso constituyente ni con unas elecciones a la apurada. Lamentablemente, la demanda es política, pero la necesidad es de gestión pública.