[OPINA] Rafael Belaunde Llosa: Petroperú: Financiando su aventura a costa de los más pobres

Como producto de la confiscación de la International Petroleum Company (IPC) por parte de la dictadura militar de Velasco, el Perú se hizo de la refinería de Talara, hoy propiedad de la petrolera estatal Petroperú, que controla el 50% del mercado del refino de petróleo. La otra mitad lo hace Repsol. Actualmente, producimos 40,000 barriles de los 250,000 que, como país, demandamos a diario.

Acá viene una primera cuestión a considerar: ¿no sería mejor importar el combustible ya refinado en vez de refinarlo acá?

Un grupo de técnicos ideologizados persuadió de lo contrario al gobierno de turno y el Estado peruano se embarcó en la construcción de una nueva refinería en Talara. Con una inversión prevista, originalmente, en los US$1,500 millones se pretendía pasar de 65,000 a 95,000 barriles refinados al día, es decir, 30,000 adicionales. Hoy en día, el monto de inversión asciende a US$6,000 millones, muy por encima de lo invertido por Repsol, que, para ampliar en 12,000 barriles diarios su capacidad de refino, gastó solo US$741 millones.

El desbocado costo de la nueva refinería, sumado al deplorable gobierno corporativo, así como a la secular contaminación política en sus decisiones técnicas, ha puesto en los últimos años a la petrolera estatal contra las cuerdas. Los pasivos de la empresa se calculan en más de US$10,000 millones, muy superiores a sus activos, lo que la convierte en una empresa con patrimonio negativo, técnicamente quebrada. No quiebra porque el gobierno, con el dinero de todos los peruanos, no la deja.

El año pasado, entre préstamos, garantías y capitalizaciones, requirió de todos los peruanos US$2,250 millones. Este año pide US$750 millones para capitalizar deuda, US$500 en línea de crédito, garantías por US$1,000 millones y nuevos aportes de capital por S/5,574 millones, totalizando US$3,830 millones, para mantener a flote a la petrolera estatal y a su oligarquía burocrática.

Esta situación se pretende a costa de atender necesidades urgentes de la población. Para poner en contexto la cifra, solo el presupuesto anual del sector Salud es de US$7,450 millones. Petroperú demandaría el 51.4% de lo que asignamos a la salud pública de todos los peruanos.

Por si todo esto fuera poco, el Ministerio de Energía y Minas, vía Perupetro, pretende entregar a dedo a Petroperú -empresa insolvente, técnicamente quebrada y que vive a base de las transferencias que el gobierno le hace a costa de privar de prestaciones a los más pobres del Perú- tres lotes petroleros para que siga jugando al Estado empresario.

Esa factura también recaerá sobre los peruanos, en especial los más pobres. La aventura empresarial del Estado fue y es, en lo que aún queda, una transfusión de sangre, pero del enfermo al sano.