Ni pena ni gloria

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó ayer el informe que inhabilita a Martín Vizcarra por 10 años para ejercer cargos públicos. Si el proceso termina con la ratificación del documento en el Pleno del Congreso, que es lo más probable, será una severa pero merecida sanción política.

Presidente de la República entre marzo de 2018 y noviembre de 2020, Vizcarra llegó a la Casa de Pizarro luego de que Pedro Pablo Kuczynski presentara su renuncia y le tocara asumir el cargo en su condición de vicepresidente. Durante los dos años y medio que se desempeñó como jefe de Estado, tuvo que enfrentar de inmediato a un Poder Legislativo, dominado por el fujimorismo, que insistió en blindar a una serie de delincuentes vinculados a Los Cuellos Blancos.

El contexto le otorgó a Vizcarra el perfecto pretexto para ejercer su gobierno en confrontación con el Legislativo para finalmente cerrar ese Congreso y convocar a elecciones para conformar otro, que a la postre lo destituyó meses después de haber sido instalado. Tal decisión convulsionó al país y terminó con la defenestración de los legisladores que se aliaron para auparse a la Presidencia, en su reemplazo.

Si Vizcarra pensó que la reacción social contra la designación de Manuel Merino era en su defensa, pues se equivocó en redondo: la oleada de protestas masivas, en las que perdieron la vida dos estudiantes, fue en defensa de la democracia peruana y en contra de un Congreso tan o más desprestigiado que aquel que lo precedió.

A la sanción política por haberse vacunado subrepticiamente –a diferencia de mandatarios de otros países, que esperaron su turno– y luego mentir descaradamente afirmando que se trataba de “una prueba médica”, le seguirá, a no dudarlo, un proceso penal por esa y otras investigaciones de las que es objeto por el caso Club de la Construcción.

De aprobarse la inhabilitación, significaría el comienzo del fin de una carrera política que comenzó en el gobierno regional de Moquegua y, luego de pasar por la vicepresidencia y presidencia de República, podría tener un corolario similar al de otros expresidentes peruanos que hoy purgan o purgarán condenas por delitos de corrupción.