La ley del invasor

Después de muchos años, Lima volvió a ser escenario de invasiones masivas en terrenos desocupados o con poca vigilancia. En Chorrillos, unas 8,000 personas tomaron posesión de un área intangible entre el Morro Solar y la playa La Chira. En Villa El Salvador, en la zona de Lomo de Corvina, casi un millar de ciudadanos hicieron lo propio.

En el primer caso, tras una semana de negociaciones, la fuerza pública desalojó a los infractores, felizmente, sin mayores estallidos de violencia. En Villa El Salvador, en cambio, continúan llegando familias a la ocupación ilegal, pues no se les ha removido todavía.

Estos delitos contra la propiedad privada distan mucho de solucionar un problema social que va más allá de la simple búsqueda de vivienda. Las autoridades deberían tener reflejos para reaccionar sin dilaciones, pues cada día que dejan pasar sin concretar el desalojo, aumenta la posibilidad de una resistencia más dura, cosa que, salvo brotes aislados –y gracias al tino de los oficiales de la PNP encargados del operativo–, no llegó a ocurrir el miércoles en Chorrillos.

Las ocupaciones informales, que llegan a amenazar incluso sitios arqueológicos de enorme valor histórico, como viene ocurriendo en Caral, por ejemplo, podrían verse agravadas por una irresponsable norma –otra más– promulgada por el Congreso de la República, en setiembre pasado, que amplía los plazos de la titulación de terrenos ocupados por estas invasiones. Se advirtió, no sin razón, que promulgarla solo iba a alentar la ocupación ilegal de predios y fomentar el tráfico de terrenos. Y quizás ya estemos ante los primeros resultados de esa absurda Ley 31056.

Como se sabe, después del narcotráfico, el tráfico de tierras es la actividad delictiva más rentable en el Perú. No son pocas las mafias que se beneficiarán con esa disposición, fomentada por un centenar de parlamentarios populistas –algunos defendiendo deliberadamente intereses oscuros– que juegan con la necesidad de los más pobres, cuya situación, a no dudarlo, se ha agravado con la pandemia.

Esperemos que estas escenas de ocupación y desalojo no se repitan, pero si los hechos se agravan y se ponen vidas humanas en riesgo, sabremos a quién culpar.