Esperando al Tribunal

El pedido de renuncia que la flamante ministra de Justicia, Delia Muñoz, le hizo el jueves último al procurador general de la República, Daniel Soria, agrede la poca institucionalidad que rige en nuestro país, así como los principios en que se funda nuestra democracia.

La razón alegada por la titular del Minjus fue que su despacho piensa replantear la estrategia sobre la demanda competencial que interpuso la gestión de Martín Vizcarra ante el Tribunal Constitucional para que sea el TC el que defina los estándares de la vacancia bajo la causal de “incapacidad moral permanente”. Es decir, para que el TC precise por qué tipo de faltas o delitos el Congreso puede vacar a un presidente; y en qué etapa judicial debe encontrarse el caso por el que se le procesa.

El procurador Soria le ha plantado cara a la ministra y se ha negado en redondo a su requerimiento de retirar o desinflar la consulta que el Ejecutivo hizo al TC. Su cargo es autónomo y, como declaró a la prensa, el suyo es “un mandato por cinco años y, según la ley, solo (puede) ser removido por faltas graves”, las mismas que no ha cometido.

Como se sabe, el Ejecutivo a cargo de Martín Vizcarra interpuso la demanda (es decir, le hizo la consulta oficial al TC) por la primera amenaza de vacancia en su contra, basada, en dicha oportunidad, en el escándalo Richard Swing. Entonces, la administración de Vizcarra argumentó una intromisión del Congreso en su capacidad de gobernar. El Congreso, luego de dilatar al máximo la entrega de su respuesta –lo hizo recién el martes 10, cuando faltaba un día para que se cumpliese el plazo y luego de una segunda y exitosa moción de vacancia–, respondió que el ciudadano Vizcarra solo estaba defendiendo su continuidad como funcionario encargado de la Presidencia de la República.

En los próximos días, el TC tiene que pronunciarse sobre la controversia. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, le ha pedido expresamente al Tribunal Constitucional peruano que haga la aclaración respecto “a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas” que llevaron a Manuel Merino al sillón presidencial.

El fallo del TC podría determinar que fue ilegal la vacancia de Vizcarra. Es una posibilidad. Todo indica que la preocupación de la ministra Muñoz es que el Tribunal anule lo hecho por el Congreso el lunes 9 del presente. ¿Acaso el Minjus solo está defendiendo la continuidad de Merino de Lama como funcionario encargado de la Presidencia de la República?