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El rostro de la impunidad
“La Policía Nacional tiene en sus manos hacer respetar el Estado de derecho y poner frente a la justicia a un exfuncionario sentenciado por corrupción”.
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El prófugo exgobernador de Junín Vladimir Cerrón continúa haciendo de las suyas desde la clandestinidad. Han pasado más de 100 días y, a pesar de varias intervenciones a domicilios donde habría estado escondido, no ha sido capturado. La sentencia por el delito de colusión y la orden de prisión preventiva de 36 meses por lavado de activos en su contra parecen no intimidarlo y, desde la clandestinidad, se siente seguro e impune, y publica comentarios a diario a través de la red social X (ex-Twitter), donde se burla de la Policía Nacional y en especial de algunos altos mandos.
Desde el interior de la PNP se cree que el condenado exgobernador está siento protegido por una mano poderosa que separa a Cerrón de la justicia. El teniente general Óscar Arriola aseguró a Perú21 que “habría alguien que lo está asistiendo para que pueda sobrevivir”. Esta hipótesis, cabe recordar, también es percibida por el 85% de la población, quien aseguró en la encuesta de Ipsos publicada en Perú21 que Cerrón Rojas aún no ha sido capturado porque estaría siendo protegido por alguien del Gobierno.
La Policía Nacional tiene en sus manos hacer respetar el Estado de derecho y poner frente a la justicia a un exfuncionario sentenciado por corrupción. Pero, para ello, debe garantizarse el hermetismo en la estrategia de captura para evitar que se repitan los fracasos de los últimos días y el exaliado de Pedro Castillo continúe impune.
Asimismo, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quien fue socia política de Cerrón desde 2018, debe garantizar independencia absoluta en la actuación policial. Además, otra prioridad deberá ser una rigurosa investigación que determine si, como aseguran voces dentro de la PNP, hay un protector de delincuentes. De ser así, debe ser descubierto y enfrentar todo el peso de la ley.
Por ello, es imperativo que se sumen esfuerzos para lograr que, al igual que cualquier sentenciado prófugo, el dueño de Perú Libre cumpla su condena como la ley manda. Porque cada día que el exgobernador se encuentre no habido y encima tenga la osadía de utilizar sus redes sociales para atacar a la Policía Nacional, será un fracaso para el Estado de derecho y la justicia de nuestro país.
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