¿Qué es la muerte cruzada, el mecanismo con el cual el presidente Lasso disolvió el Parlamento?

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador había suspendido hasta hoy la sesión de su pleno que aborda el juicio político de censura contra el presidente del país, el conservador Guillermo Lasso -acusado de peculado en empresas del Estado-, pero el mandatario se adelantó y firmó la denominada “muerte cruzada”.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

17/05/2023 - 09:03

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador había suspendido hasta hoy la sesión de su pleno que aborda el juicio político de censura contra el presidente del país, el conservador Guillermo Lasso -acusado de peculado en empresas del Estado-, pero el mandatario se adelantó y firmó la denominada “muerte cruzada”.

MIRA: El presidente de Ecuador disuelve el Parlamento y aplica la ‘muerte cruzada’

De esta forma, Lasso recurrió a la “muerte cruzada” antes de esperar al debate que debía llevarse a cabo en la Cámara para posteriormente votar la moción de censura, en la que se requieren 92 votos para destituir al jefe de Estado, equivalentes a dos tercios del hemiciclo.

¿Qué es la muerte cruzada?

Se trata de un mecanismo que le permite disolver el Congreso para dar paso a las elecciones generales anticipadas. Esta disolución fue implantada por el expresidente Rafael Correa y es la primera vez que se aplica.

Según los analistas consultados por El Tiempo, tras la aplicación de la ‘muerte cruzada’ el Consejo Nacional Electoral tendrá un plazo máximo de siete días para convocar las elecciones legislativas y presidenciales.

Dichas elecciones deben convocarse para una misma fecha y quienes sean elegidos deberán completar el resto del periodo de las autoridades salientes.

Además, se establece que Lasso podrá gobernar por decreto hasta que se elija un nuevo presidente y una nueva Asamblea. Los decretos de Lasso, además, deberán contar con la aprobación de la Corte Constitucional.

Como se recuerda, la oposición ha acusado a Guillermo Lasso de haber conocido y permitido el delito de malversación en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker, lo que habría causado un perjuicio al Estado por unos 6 millones de dólares.

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