Semana Santa: conceden indultos y conmutación de pena a 20 internos del país

La Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos revisó más de 450 expedientes, y luego la Comisión de Gracias Presidenciales elevó su recomendación al Jefe del Estado.

Las resoluciones llevan la firma del Presidente de la República, Pedro Castillo, en el marco del ejercicio de su atribución presidencial. También fueron suscritas por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina.

El ministro Félix Chero sostuvo que las 20 gracias presidenciales concedidas el Jueves Santos son parte de la primera etapa de un proceso que continuará en los próximos meses, enfocado en aquellas internas e internos que merezcan una gracia presidencial por razones humanitarias, de avanzada edad y por su situación de vulnerabilidad; además de su participación en el tratamiento penitenciario, su conducta durante la reclusión y el grado de resocialización.

Aclaró, además, que no todos los delitos aplican a la propuesta de gracias presidenciales, como los casos de violación sexual a menores de edad, sicariato, terrorismo, tráfico ilícito de drogas en sus tipos agravados, extorsión, secuestros, entre otros de gran lesividad.

Del grupo de 20 personas privadas de la libertad que reciben el beneficio, 16 son hombres y cuatro mujeres, quienes cumplen sus penas en los establecimientos penitenciarios Mujeres de Chorrillos, Jauja, Ancón II, Lurigancho, Huacho, Chiclayo, Chincha, Huancayo y Trujillo varones.

Asimismo, 13 casos corresponden a conmutación de la pena y siete a indulto común, los cuales cumplen con los supuestos y condiciones que establece el Decreto Supremo 004-2020-JUS: madres con niños en establecimiento penitenciario y mayores de 60 años, e internos e internas con penas privativas de la libertad no mayores a cuatro años.

Las internas e internos que reciben las gracias presidenciales, además, son reos primarios y no registran condenas por otros delitos ni medidas de detención o requisitorias a nivel nacional; y el delito por el cual fueron sentenciados no tiene prohibición legal expresa, según información remitida por el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario.